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Alberto Urzúa, Alumni Derecho y Sociología UAH

Alberto Urzúa, Alumni Derecho y Sociología UAH: “El sector público necesita profesionalizar los recursos humanos, incorporar evidencia científica y medir los impactos de las instituciones” Por: Patricio Aguilera Zulantay, Alumni […]

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Alberto Urzúa, Alumni Derecho y Sociología UAH: “El sector público necesita profesionalizar los recursos humanos, incorporar evidencia científica y medir los impactos de las instituciones”

Por: Patricio Aguilera Zulantay, Alumni Periodismo UAH.

Su amplia trayectoria profesional demuestra su interés por el sector público y las alianzas internacionales. Actualmente se desempeña en tres cargos: Jefe de Proyectos en el Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial, Consultor Internacional en el Geneva Centre for Security Sector Governance para Suiza con las policías de Honduras y Director del Centro de Innovaciones Públicas para América Latina. 

Tienes una amplia trayectoria profesional en Chile y el extranjero, y con un claro enfoque público. ¿Cuándo nació el interés por este sector? 

En la escuela de Derecho me encontré con profesionales y profesores que trabajaban en el ámbito público, y me gustó, principalmente con una perspectiva en las políticas públicas. La UAH fue importante en transmitirme cómo funciona el Estado, y a través de experiencias personales con profesores, tuve oportunidades y pasantías que me vincularon laboralmente en el Estado. 

Parte importante de tu carrera la has construido en el Poder Judicial de Chile, en la Corte Suprema y actualmente en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Según tu opinión, ¿cuáles son los desafíos a considerar en futuras discusiones constitucionales acerca de cambios a la regulación de un organismo constitucionalmente autónomo como éste?

El servicio judicial mejorará para usuarios y litigantes en la medida que las decisiones de gestión de los tribunales recaigan en sus administradores y en cuerpos técnicos centralizados; que aseguren, entre una y otra jurisdicción de la misma competencia, uniformidad, simpleza, oportunidad y calidad en la atención. Y en la medida que los jueces y ministros sólo se dediquen a conocer y resolver causas judiciales, resguardando su imparcialidad e independencia. Cualquier desbalance que contenga una futura propuesta, en orden a sobrerrepresentar a un estamento por sobre otro, producirá y reproducirá privilegios para ese estamento, generando distorsiones e interferencias en las decisiones de gestión, y provocando detrimento en las cargas de trabajo y en el bienestar de jueces, administradores, jefes de unidad, consejeros técnicos y funcionarios. 

¿Cuáles serían tus propuestas concretas? 

Separaría la gestión en un órgano autónomo con un director que responda a dichas competencias; que se elija a lo menos mediante un proceso homologado a alta dirección pública. Crearía un consejo evaluador de la gestión que genere incentivos positivos de mejora para cada unidad, sin provocar temores innecesarios. Mantendría separado el proceso de selección para los cursos de formación, porque ha dado garantías de objetividad y meritocracia. Convertiría en norma general la postulación de personas con experiencia previa en una competencia específica, en lugar de configuraciones que propician la entrada de recién egresados o profesionales que se dedican durante años sólo a estudiar para la academia. Crearía tribunales contenciosos administrativos para descomprimir el rol de primera instancia de las cortes de apelaciones, y a la Corte Suprema le daría el rol que se merece: que sólo haga noticia por la notoriedad y complejidad de sus causas, por la rigurosidad de sus fallos y por la profundidad de sus líneas jurisprudenciales.

Desde tu diversa experiencia laboral, ¿cómo analizarías el trabajo de las instituciones públicas en la actualidad? ¿Qué desafíos crees que tienen pendientes?

El sector público necesita profesionalizar los recursos humanos, incorporar evidencia científica y medir los impactos de las instituciones; para continuar con aquello que sirve y no malgastar los recursos públicos. También trabajar con datos, y fortalecer los sistemas de información de bases de datos para orientar las decisiones.

En ese sentido, sobre tu trabajo como consultor internacional para el Geneva Centre for Security Sector Governance de Suiza (DCAF), prestando servicios de asesoría a la Policía Nacional de Honduras y a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ¿cómo crees que se pueden construir Estados más seguros y una justicia más eficaz, como plantea la misión de DCAF?

Mediante apoyo directo, práctico y colaborativo a los directivos y funcionarios a cargo de la seguridad pública. Ayudándolos a que la burocracia que administran produzca bienes públicos, como territorios más seguros y procesos más justos. Se requieren diseñar perfiles de cargo para que los procesos de selección convoquen y elijan a las personas más competentes para ejercer roles públicos; describir puestos de trabajo para que la inducción sea útil y para que la evaluación de desempeño tenga criterios objetivos, medibles y transparentes; documentar y representar visualmente los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo administrativo, para tender a uniformar, armonizar y simplificar las formas de trabajo; y elaborar y controlar indicadores de calidad, eficiencia y eficacia, para que puedan medir con datos si logran mejoras en lo que importa y si agregan valor público o no.

También eres Director del Centro de Innovaciones Públicas para América Latina. ¿Cuál es el enfoque de este trabajo? 

Lo que hacemos en Innova Pública es conectar a nuestros alumnos con profesionales de la arquitectura penitenciaria, la psicología jurídica y forense, el derecho penal, la administración pública, la psicología organizacional, la socioeducación y la psicoeducación, la criminología, la sociología, y la terapia ocupacional, y que viven en distintas partes, como Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Manchester, Arizona, Madrid, Barcelona, Roma, Bogotá, Ciudad de Panamá, y San José. Nuestros profesores han enfrentado desafíos como directivos públicos, autoridades y operadores, han resuelto problemas y conocen los avances científicos en su área. La idea es que nuestros alumnos, dependiendo del programa, puedan prevenir y cambiar el comportamiento delictivo, que sepan evaluar y gestionar riesgos criminógenos en forma efectiva, incorporando hallazgos de las ciencias de la implementación a los programas de intervención, y valorando la importancia que tiene la gestión organizacional para amalgamar todo este esquema.

En esa línea, ¿qué recomendación darías a las organizaciones y comunidades para aumentar el impacto de sus acciones?

Que se tomen en serio lo siguiente. América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. El narcotráfico a gran escala, el crimen organizado, la extorsión y los homicidios, son un cáncer que empobrece y atemoriza las vidas de muchas personas. La mezcla de estos delitos con la corrupción del aparato estatal ha abierto espacio a nuevos fenómenos entendidos como macrocriminalidad, que están arruinando a algunos estados en Centroamérica y México.  En nuestros países se invierte mucho dinero en seguridad, pero poco se nota. Tenemos un problema grave de falta de especialización en prevención del delito, seguridad pública, justicia penal y reinserción social. 

A partir de todo lo que hemos conversado, ¿cómo te ha ayudado la UAH en este crecimiento personal y profesional? 

Para mí, el contacto directo con los profesores en la UAH fue muy importante. Recuerdo al profesor Rafael Blanco Suárez, quien destaca por su nobleza, simpatía, muy generoso y preocupado de los alumnos. Macarena Rodríguez, también muy rigurosa y tratando siempre de darme las primeras oportunidades para desenvolverme en otras áreas. También, en sociología el profesor Juan Miguel Chávez, una persona muy humilde y generosa con el conocimiento, y Alicia De la Cruz Millar, también muy rigurosa y muy importante para mi trayectoria profesional. Todos ellos aportaron, hasta el día de hoy, a mi experiencia profesional y a los espacios donde estoy. 

En estos 25 años de la Universidad Alberto Hurtado, el nuevo lema es “Universidad para el bien común”. ¿Cómo definirías este concepto? ¿Qué reflexión te genera? 

Una universidad para el bien común tiene que contribuir, en primer lugar, con el conocimiento. Hay conocimientos y habilidades que son exigidas en el mundo laboral, pero también hay habilidades blancas que, desde luego, son muy apropiadas para el ámbito estatal y público. Contribuir desde una universidad requiere pensar problemas de hoy como la salud, educación, pensiones, medioambiente, seguridad pública, propiedad, certeza jurídica. Todos estos temas requieren una reflexión y para eso está la Universidad Alberto Hurtado.





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