Fuente: Ciper
La humanidad enfrenta una triple crisis socioambiental cuyos impactos ya se perciben en todos los territorios: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En este contexto, la educación ambiental se posiciona como una herramienta esencial, tanto política como pedagógica, para afrontar estos desafíos. Su propósito trasciende la promoción de prácticas de cuidado ambiental, apuntando a transformar profundamente nuestra relación con la naturaleza. Esta perspectiva educativa promueve aprendizajes significativos desde las comunidades locales, utilizando metodologías colaborativas que empoderan tanto a las comunidades educativas como a otras organizaciones sociales para enfrentar sus problemáticas socioambientales. No obstante, expandir esta visión y consolidarla como un derecho en nuestra sociedad sigue siendo un desafío político y legislativo de gran envergadura.
En Chile, se han desarrollado diversos esfuerzos estatales para promover la educación ambiental, entre ellos programas educativos, la elaboración de materiales didácticos y la oferta de cursos. Estos esfuerzos también incluyen la incorporación de la planificación territorial con perspectiva ambiental y de cambio climático, lo que permite abordar de manera más integral los desafíos que enfrentan los territorios. Además, instrumentos como los Planes de Descontaminación incorporan líneas de trabajo específicas en educación ambiental. No obstante, estas iniciativas resultan evidentemente insuficientes frente a los desafíos presentes y futuros que enfrentan los territorios y sus complejas dinámicas socioambientales.
Promulgada hace 30 años, la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, otorgó a la educación ambiental un rol central, definiéndola como un instrumento clave de gestión ambiental. Este marco legal permitió al Ministerio del Medio Ambiente implementar programas orientados a fomentar hábitos y conductas sostenibles entre la población. Por su parte, la Ley N°20.370 General de Educación (2009) incorporó el principio de sustentabilidad, abriendo oportunidades para integrar la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo.
Sin embargo, la aplicación efectiva de estas disposiciones en las comunidades educativas y sus territorios continúa enfrentando limitaciones, evidenciando la necesidad de un enfoque más robusto y coordinado para abordar los crecientes desafíos de un mundo globalizado y en constante cambio.
Más recientes, la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley REP de reciclaje y la Ley de Humedales Urbanos también exigen la integración de la educación ambiental a nivel escolar y comunitario. A nivel internacional, organismos como la CEPAL y la OCDE han subrayado la necesidad de estrategias de aprendizaje ambiental de largo plazo en Chile. Ya en su informe de 2016, estos organismos recomendaron fortalecer la educación ambiental mediante una estrategia nacional coherente que integre materias ambientales en los planes de estudio y fomente el conocimiento ambiental en empresas y asociaciones profesionales.
Dado este panorama, es crucial impulsar y “apurar” para Chile una Ley de Educación Ambiental que articule las intervenciones en esta materia bajo una estrategia nacional coherente. Este cuerpo legal debe responder a la creciente demanda ciudadana frente a la crisis social, ambiental y climática, otorgando a la educación ambiental el reconocimiento y la urgencia que merece. Una ley de este tipo debe establecer responsabilidades claras, promover una ética ambiental, coordinar acciones entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Medio Ambiente, y movilizar tanto a actores públicos como privados. Solo de esa forma podremos avanzar en contar con la educación ambiental como un pilar estratégico para enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos y construir un futuro más sostenible para Chile.