Doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco, académica de la Facultad de Psicología UAH.
Según la profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, M. Ángeles Bilbao, esta cifra es muy alta respecto al índice de Bourn Out de otros sectores que a lo más llegan al 20%.
En el estudio “Bienestar subjetivo en el trabajo y desgaste laboral: una mirada social y ecológica en programas psicosociales de infancia” entre los años 2015 y 2018, que la académica UAH realizó junto a un equipo de investigadores, se implementaron 4 estudios que conforman esta investigación y que en conjunto revelaron interesantes aspectos sobre el desgaste laboral que sufren estos trabajadores cuya cause se encuentra, principalmente, en el ámbito contractual y no en el tipo de trabajo que realizan.
La primera parte de la investigación fue el estudio “Análisis documental de la política pública”, donde se revisaron más de 100 documentos sobre la política que enmarca el actuar de los proyectos intervención psicosocial de infancia, como las leyes de SENAME, licitaciones de programas, políticas internas de ONGs, cartas de organismos como SENAME en relación con los trabajadores, etc. De esos se seleccionaron 6 para hacer un análisis más en profundidad.
Después de este análisis de estos documentos se pudo constatar problemas como que los trabajadores están invisibilizados en ellos. “No aparece nada sobre quién tiene que ser el trabajador y sobre su especialización ni qué se requiere para trabajar con los niños y por otro lado no hay ningún resguardo al bienestar de los trabajadores. Se dan por hecho los seguros y los derechos laborales que van a tener. Por otro lado, las formas contractuales de estos programas son muy precarias porque la licitación es solo por dos a tres años. Es decir, aunque tengan contrato indefinido, el contrato dura lo que dura el proyecto de intervención de la ONG de turno en el programa” enfatiza M. Ángeles Bilbao.
El otro problema detectado en esta primera etapa, y que se relaciona mucho con el anterior, es el contrato a honorarios que muchos trabajadores tienen, especialmente los que trabajan por el mandato del artículo 80 bis de tribunales de familia. Esto señala que los tribunales pueden obligar al programa a tener sobrecupos y esos sobrecupos no están definidos ni en cantidad ni en tiempo, entonces se contrata personal que hacen ese servicio mientras dura el artículo 80 bis. Por otro lado, hay personal que es contratado a honorarios ya que la Ley 20.032 no establece nada al respecto, solo respecto de cómo se paga el servicio entregado por niño (Unidad de Subvención SENAME, para residencias o el llamado “precio niño”).
También se encontraron evidencias de que la licitación propiamente tal establece el nivel de especialización que deben tener ciertos trabajadores y que no siempre son posibles de cumplir, en particular para los programas de regiones y zonas aisladas, dada la falta de capital humano capacitado en estos lugares. Por otro lado, las bandas de sueldos son muy bajas para las exigencias y algunos programas requieren de personal muy especializado (como los PRM) y los concursos de especialización no están disponibles en todo el país. Por lo tanto, ahí hay un vicio del sistema porque van a tener que contratar a cualquier profesional para implementar el proyecto de intervención.
A raíz de esta revisión documental, para obtener una mayor comprensión de lo analizado, se hicieron entrevistas a informantes claves como diputados, jueces de familia, directores de ONG, asesores técnicos, que de cierta manera son quienes pensaron la ley y toman decisiones respecto de estos documentos que revisamos. “Ahí apareció un discurso muy coincidente, en que la ley 20.032 es un problema, porque ata de manos lo que se puede hacer y a la vez terceriza los servicios de SENAME, con lo cual el Estado no tiene control de muchos aspectos relevantes en relación a los procesos de intervención. Esto provoca mucha tensión con los tribunales de familia, que en algunos casos no confían en los trabajadores de estos programas ya que hay una excesiva rotación causada por las condiciones laborales y por las permanentes licitaciones. Eso es un gran hallazgo del estudio”, indica Bilbao.
ESTUDIO CUANTITATIVO
La segunda etapa de esta investigación consistió en el Estudio cuantitativo de evaluación de bienestar y desgaste laboral en una muestra representativa de trabajadores y usuarios (niños y sus familias) de programas sociales de modalidad ambulatoria del SENAME: Protección de la Infancia y Justicia juvenil. El estudio se realizó en el Norte grande, Norte chico, Zona central, Zona sur y Zona extremo sur de nuestro país. La muestra incluyó a 520 trabajadores, 500 jóvenes y niños usuarios y a 380 apoderados.
En esta parte de la investigación es donde se pudo establecer que un tercio de los trabajadores (más del 30%) sufren de desgaste laboral o burnout y según M. Ángeles Bilbao es una cifra muy por encima de los trabajadores de otros sectores que raramente alcanzan el 20%.
Burnout o desgaste laboral es una enfermedad laboral que implica que una persona ha tenido sostenidamente estresores, que son consecuencia de una mala gestión de las demandas laborales. Es decir, no es porque esa persona tenga un problema en su vida, sino que es la organización donde trabaja la que no gestiona adecuadamente los riesgos psicosociales del trabajo que realizan. “Esto está fuertemente relacionado con licencias médicas, ausentismo y rotación. Una de las razones que aparecieron como causa de esto fue que el sistema a nivel de política está más centrado en los indicadores cuantitativos que en los procesos de los niños, y eso es parte de lo que nosotros corroboramos con el análisis documental anterior por la tercerización, de cómo se entregan las platas a los programas y de cómo se paga por servicio diario prestado a cada niño. Entonces efectivamente se confirma este círculo”, señala Bilbao.
Entre los principales estresores que reconocieron los trabajadores de protección de derechos la infancia, está la falta de coordinación con la red, ellos tienen un mandato del SENAME, que es diferente al mandato que tienen del tribunal de familia y que es diferente al mandato del proyecto que ellos ganaron en la licitación. Porque cada agencia (ONG) que provee de trabajadores a los programas ha sumado una bajada programática única a los lineamientos. Entonces los trabajadores tienen tres jefes que tienen perspectivas distintas.
Por otra parte, la rotación de trabajadores es mucha y su promedio de estadía de las personas es de un año. Alguien considerado “antiguo” en el programa lleva 3 años trabajando ahí. Con esto no se puede mantener o captar a la gente que tiene talento o está más capacitada, porque se van. “Muchos hacen carrera, no se quedan en el mismo programa si tiene oportunidad de ganar más dinero, o de poder formarse más en temáticas de infancia. La rotación es altísima y eso perjudica el trabajo que se realiza con los niños y jóvenes, porque parte esencial de este trabajo es la creación de vínculo. Los niños y jóvenes comentan: ¿tengo que contar otra vez lo mismo?”, recuerda la académica.
M. Ángeles Bilbao revela que este estudio fue bien único porque en Chile no se había hecho un estudio así de completo. “Lo que nos interesaba era el BIENESTAR y desgaste laboral de los trabajadores. También estudiamos sobre los estresores y facilitadores del trabajo en los trabajadores. En este sentido, el cómo los usuarios veían el bienestar de los trabajadores y cómo estaban sus propios niveles de bienestar, entre otras variables. En los apoderados también estudiamos la percepción que tenían de los trabajadores, sus niveles de bienestar, entre otras variables. En el caso de los apoderados, vimos cosas que tienen que ver con el estilo relacional que tienen con los niños además del bienestar. Y en los niños vimos que la vivencia de violencia escolar es uno de los estresores importantes que afectan su salud mental”.
MICROETNOGRAFÍA Y MESAS COLABORATIVAS
La tercera y cuarta etapa de esta investigación consistieron por una parte en un Estudio microetnográfico de análisis con actores relevantes en el cual se visitaron las instancias donde se identificaron nudos de conflicto como los tribunales de familia, las mesas de infancia en las comunas, las reuniones de equipos, las supervisiones del SENAME, la sala de espera, entre otras.
Los hallazgos de esta etapa se pueden resumir en: al no saber lo que tienen que hacer los trabajadores se estresan; además les preocupa el corto período de intervención por licitación, que les da poco tiempo para lograr avances.
La cuarta etapa se trató de Mesas de discusión colaborativas donde se hicieron 10 mesas repartidas entre la Región Metropolitana y la V región que contaron con la participación de actores de otras regiones. Aquí se realizó un análisis participativo de datos en los cuales se hicieron mesas de trabajos con los informantes claves como trabajadores de programas sociales y con distintos actores que están en otros niveles de este sistema ecológico como son jueces de tribunales de familia, gente del Consejo Nacional de la Infancia, directores de ONG, gente de RRHH de las ONG, algunos encargados de las licitaciones de los programas, etc.
Los hallazgos de esta etapa se pueden resumir en: las escuelas son los espacios donde estos niños son más vulnerados y estigmatizados. Por esta razón las escuelas son uno de los nudos críticos de la falta de coordinación con los trabajadores de los programas. Para los trabajadores es difícil realizar un proyecto de vida, como formar una familia o comprar una vivienda, a raíz de la gran inestabilidad e incertidumbre que trae consigo este tipo de trabajo. Los trabajadores señalaron que se les exige asegurar los derechos de los niños mientras se vulneran nuestros derechos como trabajadores.
Ver noticia sobre el estudio publicada en El Mercurio