Las y los académicos del Núcleo Milenio de Investigación en Producción y Uso Estatal de Datos sobre severas Violaciones a Derechos Humanos llevaron a cabo su primera reunión ampliada el jueves 5 de diciembre. Durante este encuentro, compartieron los principales lineamientos y definieron la metodología de trabajo que guiará el proyecto durante los tres años de su duración.
Data Justa, liderado por la académica de Sociología UAH, Oriana Bernasconi, como directora, y la académica de Psicología UAH, Elizabeth Lira, en calidad de directora alterna, tiene como propósito perfeccionar los sistemas y políticas de datos sobre violaciones a derechos humanos, alineándolos con estándares internacionales. Este esfuerzo responde a los desafíos que enfrenta el Estado en esta materia, tales como la falta de sistematización y estandarización de datos, la ausencia de leyes unificadoras, las limitaciones legales y las discrepancias en los criterios de acreditación. Su objetivo final es promover la rendición de cuentas, proteger y avanzar en los derechos humanos, y contribuir a la paz, la gobernabilidad sostenible y el desarrollo social integral.
El trabajo del Núcleo Milenio se desarrollará en tres líneas de investigación: la producción y uso de datos; la gestión, asistencia y reparación de víctimas; y el control, vigilancia y cumplimiento estatal de compromisos respecto a víctimas. Para ello, cuenta con un equipo de académicas/os e investigadoras/es de seis universidades, especialistas en derechos humanos, reparación, defensa legal y teoría y métodos sociales.
Entre sus integrantes destacan Lidia Casas (Derecho UDP), Daniela Accatino (Derecho UACh), Felipe Paredes (Derecho UACh), Daniela Zúñiga (Psicología UACh), Daniela Bolívar (UC), Andrés Tello (Sociología UPLA), Alejandra Vega (Psicología U. de Atacama) y Danitza Pérez (Derecho UDP). A ellos se suman los investigadores internacionales Celia Lury, socióloga de la Universidad de Warwick; Emiliano Treré, especialista en estudios de datos de la Universidad de Cardiff; y Patricia Linares, abogada del Centro Nacional de Memoria Histórica.
El proyecto también contará con la colaboración de servicios clave del Estado chileno, como las Subsecretarías de Prevención del Delito, Justicia y Derechos Humanos; el Servicio Nacional de la Mujer; el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura.
“Pensamos este proyecto por el aprendizaje que tuvimos en proyectos anteriores, especialmente cuando documentamos cómo los organismos de derechos humanos durante la dictadura registraron a las víctimas y las acciones que hicieron a favor de ellas. Pensando en ese aprendizaje, y de acuerdo a las experiencias en otras investigaciones que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que era importante investigar cómo el Estado documenta las víctimas sobre las cuales tiene responsabilidad directa, por acción o por omisión”, aseguró la académica de la Facultad de Psicología UAH, Elizabeth Lira.
Con esta documentación, Lira explica que buscan identificar cuáles son las acciones de reparación que el Estado le ofrece a las víctimas de los programas de trata de personas, femicidios frustrados y el de víctimas del estallido social de 2019. “Nos parece que uno de los problemas que hemos advertidos es la dificultad de poder trabajar colaborativamente entre las instituciones del Estado porque, de acuerdo a la Ley 19.628 de datos privados, las instituciones deben registrar a las personas que atienden de acuerdo a su mandato y no pueden compartir los datos de esas personas a otras reparticiones del Estado, exceptuando los casos en que hay proyectos comunes. Entonces nuestro objetivo es poder colaborar, construir formas de trabajo que permitan que haya un registro único de víctimas, o lo más compartido posible entre las instituciones del Estado que trabajan con esas víctimas”, dijo.