María Paz Trebilcock, Directora del Departamento de Sociología de la UAH.
Los resultados de la encuesta Chile Dice, nos han mostrado un país en que las antiguas reivindicaciones asociadas a salud, educación, vivienda y empleo siguen estando más vigentes que nunca. Y es que estas demandas aún están vigentes a pesar de los esfuerzos por convertirnos en un país OCDE, nos demuestran los límites plausibles que existen en el acceso a estos servicios. La encuesta es elocuente en mostrar que la lectura sobre estas dimensiones es nueva en al menos dos sentidos: entenderlas como derechos básicos que deben ser asegurados socialmente, y en segundo lugar, poner de relieve la importancia capital de la calidad en cada una de estas dimensiones.
En este sentido, es importante reflexionar sobre los límites que los actuales arreglos institucionales imponen en el aseguramiento del bienestar: ¿por qué el estado adquiere un rol tan importante a la hora de demandar vivienda, educación de calidad, empleo de calidad y acceso a salud de calidad? De alguna forma, los chilenos estamos dándonos cuenta de que la sola voluntad individual es insuficiente a la hora de lograr un acceso de calidad: oportuno, que se prolongue en el tiempo, que permita subsanar las brechas de origen, pero por sobre todo, que sea un espacios de cuidado para el ciudadano y su familia, que permitan revitalizar el lazo con el Estado. Estas demandas están hablando de un ciudadano que está constatando los límites que tiene el aseguramiento individual del bienestar y que por medio de la acción estatal busca recrear el lazo social. En definitiva, que el Estado tenga un rol activo en la promoción de estos derechos habla de la capacidad de él para fortalecer la integración social –al socializar el bienestar- pero también de cohesión social –en la medida que el aseguramiento de estos derechos fortalece la construcción de ciudadanía.
Pero existe una contracara: el rol que nos compete como ciudadanos en cuanto los deberes asociados a participar de ese bienestar. Los resultados también han sido consistentes en mostrar que no existe disposición a privilegiar un aumento de impuestos –entendiendo este mecanismo en su función de redistribución- como forma de costar estos derechos sociales.
Y esta falta de disposición puede tener varias lecturas posibles. En primer lugar, evidencia el rasgo cultural individualista que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos 40 años. La poca relevancia al bienestar colectivo, la falta de un proyecto común amenaza ese lazo social y debilita el sentido colectivo de la construcción de ciudadanía.
Una segunda lectura puede estar asociada a la pérdida de confianza en el Estado, a partir de la corrupción vista en los últimos años, tampoco contribuye a generar la confianza social necesaria para potenciar esta redistribución que privilegie el bienestar colectivo por sobre el individual.
En este escenario, se hace más difícil avanzar hacia los estándares de un país OCDE y la desigualdad sigue siendo un fantasma que nos ronda. Si los ciudadanos no somos capaces de asumir responsabilidad en la construcción del bienestar social, difícilmente la desigualdad, la indiferencia y la inseguridad en el futuro serán revertidas. De ahí que de cara a un próximo periodo presidencial, la importancia en reconstruir el vínculo entre estado y ciudadanos se tiene que acompañar con un discurso inclusivo y con la construcción de un proyecto país que nos convoque a pensar que un futuro mejor es posible.