Fuente: El Mercurio Legal
El 24 de septiembre pasado, en la ciudad de Modena (Italia), Lorenzo Carbone (50 años) confesaba ante las cámaras de televisión, que se apostaron afuera de su casa, que había matado a su octogenaria madre. Su rictus era incontrovertiblemente el de una persona desorientada y, al mismo tiempo, conmovida: declaró que desde hace un buen tiempo no lograba tener el control de los cuidados que su madre demandaba derivados de la demencia y el Alzheimer que padecía. Luego de haberla estrangulado, deambuló toda la noche, calificó el hecho como un “instinto”, que no resistía más y que, en definitiva, no sabía por qué lo había hecho. Las imágenes culminan con Carbone rompiendo en llanto y aceptando la sugerencia de la prensa de llamar a la policía para tomar su declaración y eventualmente detenerlo.
Este dramático caso, cuyos contornos guardan similitudes con otros tantos que se han dado en nuestro país, revela la precariedad de las personas que cuidan de otras por razones afectivas y/o parentales. Quienes cuidan de manera informal no cuentan con capacitación técnica o profesional para enfrentar las dificultades de esta tarea. Más aún, usualmente se ven forzadas a cuidar a costa de su propia salud física y mental.
La soledad y precariedad del cuidado informal es un drama cotidiano que, cada cierto tiempo, sale del mundo privado y familiar por casos extremos como el de Carbone. El problema, sin embargo, es que aunque parezca invisible, la forma en que actualmente organizamos los cuidados impone una carga desproporcionada en las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres. La estructura social, jurídica y hasta económica supone que las necesidades de cuidado de las personas más vulnerables serán satisfechas, privadamente, por sus familias. Esta organización entra en crisis con el sostenido envejecimiento de la población, la incorporación de las mujeres en el mercado formal del trabajo y la diversidad de formas familiares.
La crisis del cuidado, que solo se profundizará en el futuro, deja a menos personas disponibles para cuidar, en familias cada vez más pequeñas y envejecidas. Si el Estado y la sociedad no son corresponsables, el drama de las personas que cuidan, aisladas y sin recursos, será más frecuente. Por ello, varios países de América Latina han diseñado políticas públicas integrales para resguardar los derechos y el bienestar de las personas que necesitan ser cuidadas y también de sus cuidadores.