Fuente: El Mercurio Legal
La reciente destitución de los exministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz por parte del Senado ha reavivado el debate sobre los alcances y riesgos de la acusación constitucional. A pesar de ser considerada una herramienta esencial para garantizar el control y equilibrio de poderes, expertos han planteado la necesidad de perfeccionarla para evitar que lo político supere lo jurídico.
El caso de los magistrados removidos recuerda la controversia de 1992, cuando Hernán Cereceda fue acusado por su actuación en la Corte Suprema en casos de violaciones a los derechos humanos. Si bien su destitución marcó un precedente y propició reformas legales, los riesgos de politización persisten.
En este contexto, Tomás Jordán, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, advirtió sobre los peligros de una mala aplicación de esta herramienta. “El problema al que estamos expuestos son acusaciones constitucionales en las que el debido proceso y los medios de prueba no son importantes cuando el elemento político supera a las figuras constitucionales”, señaló Jordán.
El académico subrayó diferencias entre los casos de Vivanco y Muñoz, enfatizando que mientras en el primero existían antecedentes fundados, en el segundo “el impulso político estuvo por sobre los elementos jurídicos”. Asimismo, alertó sobre los riesgos de no permitir pruebas suficientes: “Si no respetas el debido proceso y los medios probatorios, se transforma solo en un medio de pulso político”.
Jordán enfatizó que el problema no radica en el diseño constitucional, sino en su aplicación y tramitación. Propuso incluir un paso previo de investigación para garantizar que las acusaciones no se limiten a responder a coyunturas políticas. Finalmente, advirtió: “El nivel de exposición y de riesgo con que quedan los magistrados es alto, porque el Congreso es el último intérprete del texto constitucional”.
El debate sigue abierto, con voces que defienden la acusación constitucional como un mecanismo necesario, pero que, según Jordán, debe perfeccionarse para evitar efectos no deseados en la independencia judicial.