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Sonia Brito: “No todo aquello que está conforme a la ley es moralmente aceptable”

Fuente: Le Monde Diplomatique  En estos días ha sido motivo de debates y conversaciones obligadas la información de los 17 millones de pago a Marcela Cubillos por desempeñarse como académica de […]

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Fuente: Le Monde Diplomatique 

En estos días ha sido motivo de debates y conversaciones obligadas la información de los 17 millones de pago a Marcela Cubillos por desempeñarse como académica de la universidad San Sebastián. Pagos vinculados a autoría de libros, entre otros.

 Algunas interrogantes que surgen. ¿Es el sueldo mensual de todas y todos los académicos? Si fuera así, las universidades estarían reconociendo el trabajo académico, sin embargo, es obvio que esta no es la realidad que viven los cientos de académicos de educación superior a lo largo de todo Chile.

Referente al tema Cubillos se ha planteado que el abultado sueldo se debe a favores políticos, donde el espacio universitario se transforma en un lugar donde van a profitar las/los políticos cuando están en transición entre gobiernos, entonces algunas instituciones de educación superior se transforman en repositorios de personas políticas so pretexto académico.

Otra arista refiere a que la Universidad San Sebastián es una entidad privada con derecho a regular sus sueldos. El tema es la inequidad y la escasa transparencia, considerando que académicas y académicos con basta formación de post-grado, que publican productos académicos, tienen sueldos precarios, con contratos precarizados (Arancibia, 2019).

De allí que el caso de Marcela Cubillos es particularmente paradigmático. Marcela Cubillos, sin estudios de postgrado y sin investigación (ni publicaciones científicas; no aparece en el Portal de Investigadores de ANID), ha logrado ganar casi 7 veces más lo que una académica de su edad está ganando actualmente en el sistema de educación superior chileno. Su salario es incluso más alto que el que acceden académicos de trayectorias destacadas en universidades de élite en el Norte global. (Académicas, investigadoras y docentes universitarias, en Radio UChile, 2024, s.p).

Lo anterior, provoca controversias y un profundo sentido de injusticia, puesto que evidencia lo que sucede en este país respecto de los vínculos de clase y favores políticos que sitúan a las personas en una categoría superior inalcanzable, respecto de quienes no poseen ese capital de influencias. Ciertamente, este supuesto prestigio académico, no está mediado por los méritos, sino que en muchos casos solamente por ser parte de circuitos proco transparentes y obviamente injustos, dando cuenta de otras lógicas de selección para la contratación, en que se instalan sesgos y las redes de poder operan (Chiappa, 2023). 

Si bien la Universidad San Sebastián, no está adscrita a gratuidad, recibe dineros del Estado por concepto de adjudicación de proyectos, entre otros,

Según el último estado financiero publicado por la USS, en 2023 registró ingresos por más de $99 mil millones con cargo a recursos públicos, cerca del 30% corresponde a ingresos por Crédito con Aval del Estado y el resto por becas y fondos concursables. Pero hay un registro que no es evidente en sus estados financieros publicados, que son las transferencias y pagos por servicios prestados a organismos públicos. Según los registros de Mercado Público, la Universidad San Sebastián, que hasta dos días atrás tenía a Andrés Chadwick como su presidente, llegó a registrar más de $7 mil millones en órdenes de compra emitidas en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, logrando incluso entrar en el ranking de los primeros 500 proveedores del Estado, en 2021. (CIPER, 2024, s.p)

De esta manera, el caso Cubillos pareciera ser la punta del iceberg de prácticas incrustadas en la Universidad San Sebastián. De hecho, la misma Marcela Cubillos, ha señalado que esta situación es muy común, no solo en la universidad San Sebastián y que incluso solo se ha investigado su caso por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, es necesario revisar también lo que sucede en otras universidades con respecto a la transparencia en desvíos de dinero del Estado por concepto de proyectos, becas, fondos concursables, entre otros. Esta es una puerta que debe abrirse, en el sentido de investigar más profundamente estas redes imbricadas profundamente en las instituciones de educación superior. También, el caso puede constituirse en una oportunidad para revisar los procedimientos de los concursos ANID, CNED entre otros. Puesto que cuando se examinan las adjudicaciones a lo largo de los años, en general, son las mismas personas que forman parte de ciertos circuitos y de ciertas elites de universidades.

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