Fuente: La Tercera
Entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, desde hace tiempo, la relación está en sus peores momentos: el Estado nicaragüense ha expulsado y encarcelado a sacerdotes, ha prohibido actividades religiosas y ha suspendido relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Ahora, el gobierno fue aún más lejos, con la disolución de la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua. Con eso, el Estado confiscará todos los bienes de los jesuitas. El régimen señala que la compañía no habría reportado estados financieros entre los años 2020, 2021 y 2022.
La decisión ocurre una semana después de la confiscación de la Universidad Centroamericana, que los jesuitas administraban hace más de 60 años. Con la decisión de este miércoles, el gobierno también se apodera de dos colegios privados.
Al respecto, Eduardo Silva S.J., rector de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del Consejo directivo de la Asociación de Universidades jesuitas de América Latina, dijo a La Tercera: “El despojo de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua, con la consecuente confiscación de todos sus bienes, es la última estocada dentro de las acciones concertadas del régimen de Ortega-Murillo en contra de sus opositores, sean líderes políticos, miembros de la sociedad civil y cualquier persona que pueda socavar su poder, frenar los atropellos y defender la dignidad humana.
“¿Por qué la Compañía de Jesús?”, se preguntó Silva. Él mismo explica la razón de esta ofensiva del régimen de Ortega. “Sin duda la Compañía de Jesús ha sido muy activa en Centroamérica en la defensa de la dignidad humana. Ha levantado la voz por las injusticias, por el medio ambiente, por los derechos humanos. Ha sido una voz valiente, coherente y creíble. Y como parte de la Iglesia Católica no es de extrañar esta medida cuando el mismo arzobispo de Managua ha sido condenado a 26 años de prisión al negarse a abandonar Nicaragua para estar junto a su pueblo”, señaló.
“Al analizar esta acción, no se puede perder de vista las 26 universidades previamente cerradas, siendo la UCA la número 27 y el ataque masivo contra cientos de ONG eliminadas. Estamos frente a una dictadura que se vuelve cada día más totalitaria y que no reconoce límite alguno en su afán de hacerse del poder total”, agregó.
En efecto, el hecho ocurre una semana después de que un tribunal nicaragüense, también controlado por el oficialismo, congelara las cuentas bancarias e inmovilizara las propiedades de la Universidad Centroamericana (UCA), acusándola de “delitos de terrorismo”.
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