Pensar el sistema escolar privado en una nueva Constitución

Fuente: El Mostrador 

El estallido social del 18 de octubre expresó claramente las insatisfacciones de una parte de la sociedad chilena con un sistema social fundado en una estructura de privilegios que produce desigualdad social. Las protestas callejeras mostraron a un Chile descontento y precarizado, que, depende de su capacidad de pago para acceder a servicios básicos como la salud, las pensiones y también la educación. Dicho descontento también expresa el déficit democrático y falta de legitimidad de una elite política y económica formada principalmente por hombres provenientes de colegios privados de elite, y por tanto, sobrerrepresentada en el Congreso, en los altos cargos de dirección pública, y en los cargos directivos de importantes empresas (Zimmerman, 2019).

Al respecto, a pesar de los avances en cobertura y modernización de la educación escolar en Chile en estos últimos 30 años, ésta arrastra un legado vergonzoso de segregación socioeconómica y transmisión del privilegio a partir de un grupo reducido de colegios privados que mantienen legalmente el derecho a seleccionar a las y los estudiantes que educan. El tipo de escuela que “eligen” las familias expresa las posibilidades económicas y culturales que estas tienen y condiciona buena parte de la trayectoria académica y laboral de sus hijas e hijos. Por su parte, la pandemia ha desnudado con aún más crudeza la inequidad del sistema escolar, dado que las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias vuelven a ser claves al momento de sostener un sistema de educación en contexto de confinamiento. A pocas semanas de terminar el año escolar, parte importante de la población escolar no cuenta con condiciones de conectividad, computador o espacio propio en su hogar para poder estudiar. Esto, sin mencionar la fragilidad de las condiciones socioemocionales de niñas y niños de las escuelas más pobres del país que tornan más profunda la brecha social en educación…

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