Fuente: La Tercera
El intercambio de mensajería conocido estas semanas mantiene el foco en el supuesto tráfico de influencias que habría acontecido con el nombramiento de jueces y otras autoridades, especialmente de las altas magistraturas judiciales. Este asunto, tiene directa relación con la independencia judicial y revela la imperiosa necesidad de efectuar reformas constitucionales o legales.
Las reformas que se han propuesto desde hace unas décadas se han orientado a plantear soluciones al problema del gobierno judicial, es decir que las decisiones que afectan a la carrera de los jueces, como su nombramiento, remoción y régimen disciplinario, se radiquen en un órgano distinto a los tribunales superiores de justicia. La necesidad de un cambio en la materia, asunto que tensiona la independencia judicial interna, es compartido por la Corte Suprema, la asociación de magistrados, la academia e incluso las propuestas constitucionales rechazadas. Ello ha supuesto barajar que un órgano externo al Poder Judicial, tal como un Consejo de la Magistratura, tenga a su cargo aquellas funciones de las cortes de alzada que no son estrictamente jurisdiccionales.
Sin embargo, el problema que se ha hecho evidente recientemente es distinto y radica en que el actual proceso de nombramiento de jueces se observa como opaco y permeable a las influencias políticas. Estas dimensiones se suman al antiguo tema del gobierno judicial y se relacionan con la arista externa de la independencia judicial.
Por Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho.