Fuente: Cooperativa
“La violencia y el acoso en el trabajo es un fenómeno generalizado en todo el mundo”. Así de lapidario fueron los resultados de la primera encuesta sobre esta materia, publicada en diciembre 2022, que ofrece una visión global de las experiencias personales de violencia y acoso en el trabajo: “Más de una de cada cinco personas en empleo (743 millones, o sea, 22,8 por ciento) ha sufrido al menos una modalidad de violencia y acoso en el trabajo durante su vida laboral”. Ya en el 2019, la OIT se hizo cargo de este flagelo cuando los estados miembros adoptaron el Convenio 190 que busca, precisamente, erradicar este tipo de conductas en el ámbito laboral.
Se trata de un fenómeno generalizado en todo el mundo, que puede llegar a tener consecuencias letales como lo fue el caso de la funcionaria pública Karin Salgado, en Chile, quien se suicidó tras sufrir acoso laboral durante más de un año por parte de su jefatura. Su caso impulsó la ley 21.643, conocida como “ley Karin”. Otro caso que se hizo público -en 2022- fue el de Mónica Vásquez, cajera de un supermercado que murió en su puesto de trabajo tras sufrir un paro cardiaco luego de ser amonestada por su jefe, según la denuncia que hizo en su momento la Federación Nacional del Trabajador Walmart, señalando que Vásquez sufría maltrato y acoso laboral por más de tres años.
A dos meses de la entrada en vigencia de la ley Karin, en términos de denuncias interpuestas, el Gobierno hizo un balance, consignando 4.820 : 3.844 en el sector privado y 976 en el sector público. El 68% de las denuncias en el sector privado fueron efectuadas por mujeres; en el sector público la cifra alcanza 77%. Al primer mes de la ley, bajo el programa de Atención Psicológica Temprana (APT), considerado en la normativa, se atendieron 1.852 personas: 80,6 % de las atenciones de ese mes fueron por acoso laboral; 13,2 % por violencia en el trabajo; y 6,2% por acoso sexual. Pero no todas las personas denuncian. De acuerdo a la encuesta de la OIT, entre los factores que impiden a las víctimas conversar o denunciar están la “vergüenza, la culpa o la falta de confianza en las instituciones”, o porque esos comportamientos inaceptables se consideran “normales”.
Este fenómeno evidencia un problema no solo cultural, arraigado en cómo nos vinculamos entre jefaturas y personas subordinadas -una relación caracterizada por la asimetría de poder- y también entre pares. Además, dada su magnitud, se torna un problema de salud pública que, al incidir en el clima laboral de las organizaciones, afecta la productividad y a la economía del país. Una realidad que, por cierto, ya venía siendo materia de gran preocupación de los propios trabajadores y trabajadoras en el contexto de las reivindicaciones de condiciones laborales y organización del trabajo.