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Fuente: El Mostrador Se ha producido un importante debate en torno a instructivos del Ministerio Público referidos al uso de la prisión preventiva, lo que supone legítimas diferencias o matices […]
Fuente: El Mostrador
Se ha producido un importante debate en torno a instructivos del Ministerio Público referidos al uso de la prisión preventiva, lo que supone legítimas diferencias o matices entre los distintos operadores del sistema, la ciudadanía y el mundo político. Es complejo que una definición político-criminal de la fiscalía genere unanimidad de pareceres, pues tras ella es posible evidenciar preferencias, entre mayores niveles de eficiencia y eficacia de la persecución criminal, y mejores niveles de protección de derechos y garantías. Un símil puede presentarse a la hora de regular normativamente el uso de medidas intrusivas como las interceptaciones telefónicas, o la regulación de las facultades autónomas de la policía. En todos estos casos hay diversas posturas y visiones político-criminales.
Sin perjuicio de esas legítimas diferencias es posible concluir que existen líneas rojas que la evidencia comparada no se cansa de mostrar, y que no resulta deseable traspasar. En este sentido es posible citar como ejemplo el uso de la prisión preventiva oficiosa en México, esto es, la aplicación obligatoria de esta medida para un extenso catálogo de delitos definidos en la ley, que trae aparejadas evidentes injusticias y desproporciones que el tiempo se encarga de evidenciar y que ha generado recientemente la condena por unanimidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones que esta regla ha generado en su aplicación. Esto, por lo demás, lo venía señalando la propia Corte Suprema de México desde hace un tiempo. En el otro extremo pueden advertirse casos donde la visión unifocal o centrada únicamente en la dimensión de derechos y garantías puede traer evidentes casos de impunidad, como ocurría años atrás en nuestro país en el caso de la configuración de la flagrancia, cuya interpretación sin criterios razonablemente uniformes por la fiscalía y la jurisprudencia trajo consigo una reacción legislativa que terminó amplificándola en sus límites temporales y despojándola de sus contornos más razonables…
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