Fuente: La Segunda
De hecho, algunas de esas ideas se han trasladado al debate legislativo siendo el último ejemplo el dilema de los moluscos sintientes (Art. 131, Propuesta constitucional 2022: “El Estado los protegerá (a los animales), reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato).
En medio de esas propuestas hubo un acuerdo unánime: el anteproyecto de la Comisión Experta de junio de 2023. Una rareza. Bajo el liderazgo de Verónica Undurraga lograron una isla de consenso en medio del páramo del desacuerdo.
Las debilidades de nuestro sistema constitucional iban a aparecer rápidamente, a partir de problemas objetivos: la extremada fragmentación partidaria en el Congreso y el sistema de nombramientos judiciales en el Senado. Y éstas eran la prueba de fuego del anteproyecto de la Comisión Experta.
La primera propuesta pareció construirse sobre la base de ese acuerdo constitucional en el Senado, pero que no llegó a la luz. Quedó atrapada en la gestión de los tiempos del Congreso, en la inscripción de candidaturas regionales y locales, así como en argumentos politológicos que sembraron dudas en la solución planteada. Y aquí está lo relevante. La propuesta en torno a identificar un umbral de exclusión [Art. 58.4 “Solo los partidos políticos que alcancen, al menos, el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional (…) tendrán derecho a participar en la atribución de escaños (…)] para reducir la fragmentación ha sido cuestionada y se han propuesto otras vías (reducción de tamaño de distritos, listas cerradas, prohibir pactos electorales, aceptación de partidos nacionales y pérdida de escaño al que renuncia al partido por el que se presentó).