Fuente: El Mostrador
El ajuste de la tarifa eléctrica en Chile nos deja valiosas lecciones sobre la gestión de precios y la intervención estatal en mercados de monopolio natural. Las medidas de congelamiento de precios, aunque pueden parecer atractivas a corto plazo, generan distorsiones que, tarde o temprano, deben ser corregidas. En este caso, el costo de estas correcciones recae ahora sobre los consumidores, en un contexto de alta inflación y tensiones económicas.
El sector eléctrico en Chile, como en muchos otros países, opera bajo la figura de un monopolio natural. Esto significa que, para maximizar la eficiencia y reducir costos, el Estado concesiona sectores completos a empresas generadoras. Sin embargo, la decisión de congelar los precios de la electricidad hace cinco años, y las leyes posteriores que mantuvieron prácticamente inamovibles estos valores, ha derivado en una situación insostenible.
La deuda del Estado con las empresas eléctricas, que inicialmente se estimaba en 1.350 millones de dólares, se disparó a 6.000 millones de dólares debido al prolongado congelamiento de precios, exacerbado por la pandemia de COVID-19. Este escenario ha obligado al Gobierno a tomar medidas drásticas para restablecer el equilibrio financiero y garantizar la continuidad del suministro eléctrico.
El ajuste de la tarifa tendrá un impacto directo en los consumidores, quienes verán un aumento considerable en sus cuentas de luz a partir de este mes. Esta medida, aunque necesaria para saldar la deuda acumulada, supone una carga significativa para las familias chilenas, especialmente en un contexto de alta inflación y presiones económicas.
Por Nicolás Barrientos, académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH.