Fuente: La Tercera.com
En una exposición reciente, la académica y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017, Elizabeth Lira, asociaba los informes de las comisiones de Verdad que reconocen las violaciones a los derechos humanos a los tótems: símbolos anhelados, pero también temidos y lejanos. Recordar pasados controversiales parece ser tan necesario como incómodo. Hay dolor en las víctimas, hay impotencia, hay responsables y, una y otra vez, intentos de ignorar.
¿Olvidamos entonces? Aún si olvidar fuera éticamente posible, la democracia exige que hagamos el esfuerzo de recordar. ¿Cómo, si no construimos una sociedad capaz de exigir el respeto a los derechos humanos? Las democracias sólidas necesitan construirse en base a la verdad, la reparación y la justicia. Justamente hoy cuando nuestro país se encuentra en un proceso inédito en su historia elaborando una nueva Constitución que sentará las bases de una transformación social, la memoria debe acompañarnos.
Los archivos de memoria y derechos humanos son una valiosa herramienta para acercarse a estos escenarios de fractura social, política y humanitaria. Ellos nos permiten conocer las experiencias individuales y colectivas de quienes vivieron el período, activando la pregunta por nuestra propia identidad y lugar en el mundo. Y, probablemente, no hay un espacio social más pertinente que la escuela para la reflexión ética y el fortalecimiento del compromiso con una cultura de respeto irrestricto a la dignidad del ser humano.
La plataforma “Viajes por las voces de la dictadura en Chile (1973-1990)” ofrece propuestas didácticas para la enseñanza de la historia reciente de nuestro país y el aprendizaje ciudadano, a partir de una selección significativa de documentos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, permitiendo el trabajo pedagógico en aula de acuerdo al currículum escolar vigente.
De la elaboración de las experiencias históricas que nos han fracturado –y no de su ignorancia– depende que las futuras generaciones opten sin titubeos por la democracia y el respeto al estado de derecho. Y ello requiere de un Estado que asume a cabalidad su responsabilidad como garante de los derechos humanos de todas las personas y que sitúa a estos principios como sustento de la convivencia democrática.
Por Oriana Bernasconi, académica, Departamento de Sociología, Universidad Alberto Hurtado y María Luisa Ortiz, Jefa de Colecciones e Investigación, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.