Fuente: La Tercera
La seguridad pública y el desarrollo integral de las sociedades son dos pilares esenciales y estrechamente vinculados. Cuando el Estado cumple con su deber de proteger a la ciudadanía, se crean condiciones propicias para el crecimiento en múltiples dimensiones: económico, social, educativo, cultural y recreativo, así como el acceso a la salud pública, entre otros. Sin embargo, la negligencia estatal —ya sea por acción u omisión— puede socavar estos esfuerzos, obstaculizando el derecho al desarrollo y al bienestar colectivo.
Recientemente, hemos sido testigos de situaciones que nos llevan a reflexionar sobre la respuesta institucional y social ante la inseguridad y cómo las decisiones de diversos organismos estatales impactan directamente en el bienestar y desarrollo integral de la población.
Un claro ejemplo es cómo la falta de seguridad puede restringir las oportunidades laborales y emprendedoras de la ciudadanía. La situación de la farmacia en La Cisterna, temporalmente cerrada por orden de la Dirección del Trabajo tras un “turbazo”, es ilustrativa de este problema. Casos como este, y tantos otros que afectan a comercios que proveen servicios esenciales, no solo tienen repercusiones económicas locales, sino que también erosionan el tejido social. A ello se suman las reducciones en las jornadas laborales, que limitan el derecho al desarrollo económico y a la dignidad del trabajo.