Fuente: CIPER
El impacto del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe (ALC) ha sido documentado ampliamente, posicionando a la región como una de las más inseguras del mundo. Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID aborda este tema desde una perspectiva integral, conceptualizando y midiendo los costos asociados a este fenómeno que limita la calidad de vida y frena el desarrollo económico y social de los países de la región. Este análisis no solo desglosa los diferentes componentes del costo del crimen y la violencia, sino que también evidencia la complejidad y diversidad de sus efectos.
El informe distingue entre costos directos e indirectos asociados al crimen y la violencia . Los primeros, que representaron en 2022 un 3,4% del PIB de la región, incluyen tres categorías principales: el capital humano, los costos públicos y los costos privados. El capital humano refleja las pérdidas en productividad causadas por la victimización o la privación de libertad. Los costos públicos corresponden al gasto estatal en seguridad, justicia y sistemas penitenciarios. Por último, los costos privados incluyen el gasto de empresas y ciudadanos en medidas preventivas contra el crimen.
El documento también resalta costos de carácter indirecto, en la medida que el crimen y la violencia afectan varias dimensiones clave del desarrollo y a través de diversos mecanismos. Tal como resume el informe, se encuentra ampliamente documentado que el delito tiene efectos adversos en términos de, por ejemplo, actividad económica, inversión, migración, empleo, turismo, desempeño escolar, salud infantil y confianza social.
En lo que refiere a Chile, el informe del BID documenta para 2022 un gasto de entre 1,8% y 3,0% de su PIB en costos directos del delito, donde casi una tercera parte corresponde a costos públicos. Si bien esta cifra se encuentra por debajo del promedio regional, debería exhibir una tendencia creciente si se consideran, entre otros aspectos, los esfuerzos presupuestales que ha realizado el actual gobierno. La administración del presidente Boric ha priorizado este tema, destinando recursos significativos en el Presupuesto 2025 para reforzar las capacidades de la policía, la justicia y el sistema penitenciario. En cuanto a la integración del gasto directo de origen público, más de una tercera parte se destina a cárceles, a pesar de que no han sido capaces de entregar los resultados esperados.