Fuente: Biobío
El 2024 ha sido un año clave en Chile para visibilizar una verdad que ha estado ocultándose bajo las alfombras del poder por demasiado tiempo: el acoso, el abuso y la violación sexual no conocen de fronteras, ni de partidos, ni de clases. Y en particular, no conocen de límites cuando los perpetradores ocupan cargos de poder político y autoridad pública.
Este año ha destapado múltiples casos de agresión sexual perpetrados por hombres que ostentan posiciones privilegiadas dentro de nuestras estructuras del Estado, tanto en el Poder Judicial, el Congreso, las municipalidades, la Fiscalía y el Ejecutivo. Es un recordatorio doloroso de que la violencia sexual no es un problema aislado, sino sistémico, y profundamente enraizado en la cultura del poder.
Desde una perspectiva feminista, lo que está en juego no es solo el destino de estos hombres acusados de acoso, abuso y/o violación, sino también qué tipo de sociedad estamos construyendo. Las mujeres hemos luchado durante siglos por reconocimiento, inclusión, participación y derechos, y cuando finalmente nuestras voces empiezan a ser escuchadas, nos encontramos con un sistema que sigue protegiendo a quienes nos violentan, especialmente si tienen un traje y una oficina en alguna repartición pública.
Es hora de que exijamos que todos los agresores caigan. No podemos permitir que hombres que han ejercido violencia sexual ocupen cargos de autoridad pública o política. No solo porque representan un peligro real para las personas a su alrededor, sino porque estos cargos deben ser ocupados por quienes puedan servir de ejemplo ético a la sociedad.