Oriana Bernasconi, doctora en Sociología por London School of Economics, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado es quien lidera el proyecto “Millennium Nucleus for Research on Human Rights violations Data Production and Use by the State (DATA JUSTA)”, que recibió financiamiento por parte del Núcleo Milenio de Ciencias Sociales de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y en el que también participa la académica Elizabeth Lira, quien es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017, y directora del Centro de Derechos Humanos UAH.
La investigación busca avanzar en el conocimiento científico interdisciplinario y contribuir a la mejora de la gestión y el conocimiento en torno a las violaciones de Derechos Humanos (DD. HH.) en Chile. En esta entrevista, Bernasconi nos explica los desafíos y objetivos de este proyecto.
—¿Podría contarnos cuál es la necesidad principal que motivó este proyecto?
La necesidad surge de la realidad en la que vivimos: una sociedad redundante en datos, pero con una escasez crítica de información verdaderamente útil y conocimiento relevante, especialmente en el ámbito de las violaciones a los DD. HH. Aunque el Estado tiene muchos datos, la información detallada y accesible es extremadamente limitada. Esto se debe a la sensibilidad del tema y a los riesgos asociados con la revictimización de las personas afectadas. Estoy convencida de que este proyecto podrá contribuir de manera significativa a mejorar la gestión y el conocimiento sobre los DD. HH. en Chile.
—El manejo de esta información es un desafío tanto para el Estado como para los organismos que trabajan en esta área, ¿cómo se aborda este problema en el proyecto?
En Chile la información sobre las víctimas de violaciones a los DD. HH. está disgregada y compartimentada en diferentes organismos del Estado, lo que dificulta un manejo integral de los casos. Esto obliga a las víctimas a contar su historia en varias ocasiones a diferentes instituciones, lo que no solo es doloroso, sino que también resulta en un manejo ineficaz de la información. Nuestro proyecto busca analizar cómo el Estado produce y usa información sobre las víctimas y contribuir a la creación de sistemas integrados de información que permitan conocer mejor a las víctimas y generar información útil para ofrecerles un servicio adecuado de reparación y asistencia, tanto jurídica como psicosocial.
En Chile la información sobre las víctimas de violaciones a los DD. HH. está disgregada y compartimentada en diferentes organismos del Estado, lo que dificulta un manejo integral de los casos.
—Este proyecto parece tener un enfoque interdisciplinario e interseccional. ¿Cómo se materializa esta combinación en la investigación?
El proyecto congrega diversas disciplinas, como la psicología, el derecho, la sociología, la criminología y los estudios críticos de datos. Además, abarca campos de estudio como la memoria y los derechos humanos, así como la ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Al cruzar estas disciplinas, buscamos entender cómo se produce y utiliza el conocimiento sobre violaciones a los DD. HH., asegurando que sea eficiente y pertinente para atender estos problemas tan complejos.
—¿Cómo se implementará esta cooperación?
El proyecto vincula a seis universidades nacionales. Además de la UAH, participan la Universidad Diego Portales, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Tarapacá. Así mismo cuenta con la colaboración de las Subsecretarías de Derechos Humanos, Justicia y Prevención del Delito, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y organismos autónomos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Mecanismo de Prevención de la Tortura.
La idea es trabajar directamente con los funcionarios del Estado para revisar juntos cómo se produce y maneja la información sobre estos casos. Esto implica una formación continua para que las y los profesionales de las regiones también se beneficien de la investigación.
—Finalmente, ¿qué casos específicos estudiarán durante los tres años del proyecto?
Nos centraremos en tres tipos de casos distintos: femicidios frustrados, trata de personas y las víctimas del estallido social. Estos casos nos permitirán explorar cómo el Estado maneja violaciones contemporáneas a los DD. HH., desde la acción u omisión, y cómo podemos mejorar la respuesta estatal. Además, intentaremos apoyar la creación de una base de datos modular que permita compartir información entre las distintas reparticiones del Estado de manera segura y efectiva.
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