En el marco del actual proceso constituyente se abrió un espacio ciudadano de Iniciativas Populares de Norma, que requería que cada propuesta contara con al menos 10 mil firmas en cuatro regiones del país, a través de clave única y en la plataforma de la Secretaría por la Participación Ciudadana para ser discutida por el Consejo Constitucional.
La Iniciativa Popular de Norma “Me cuidaron, cuido y me cuidarán” fue desarrollada y presentada por el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado junto a ComunidadMujer y Yo Cuido, quienes promovieron la Iniciativa que propone “el reconocimiento estatal del derecho a los cuidados, entendiendo que el trabajo de cuidados no remunerado es realizado al interior de los hogares y principalmente por mujeres; en un rango diario de tres horas más en el caso de las mujeres sobre los hombres. Estos datos de trabajo doméstico y labor de cuidados llevados al PIB representan un 25.6% del PIB 2020 según estimaciones realizadas por el Banco Central, y de esta cifra un 17.5% corresponde labores efectuadas por mujeres”.
Según señalan desde las organizaciones que desarrollaron la IPN, los cuidados son una necesidad universal, sin la cual no podemos vivir; sin embargo, parece invisible e impone grandes costos y desventajas tanto a quienes realizan esta labor de cuidar como para quienes reciben cuidados. Además, se trata de un trabajo feminizado, invisible y no remunerado. Por lo anterior, las organizaciones que impulsan el Derecho constitucional a los Cuidados proponen el reconocimiento de su valor y de su función social, estableciendo y garantizando los derechos de las personas cuidadas y la labor de quienes cuidan.
El hincapié de esta propuesta está en que la responsabilidad del cuidado hoy recae en las familias y dentro de ellas mayoritariamente en las mujeres, y aunque estas labores se realizan por vínculos familiares y emocionales, los costos y sacrificios no deberían ser soportados individualmente; por lo que se propone incorporar un nuevo derecho en el artículo 16 para reconocer la función social y fomentar que el Estado promueva la corresponsabilidad sobre los mismos.
