El jueves 5 de diciembre, el equipo que integra la decana y académica de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez –compuesto por cinco investigadores latinoamericanos y europeos–, fue seleccionado como uno de los 10 grupos que será parte del Laboratorio de Colaboración del ICCAL, una iniciativa del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.
Se trata del proyecto “Judicial Independence as a Cornerstone of Democratic Resilience”, integrado por Miriam Henríquez Viñas (UAH); Roberta Lugarà (Corte Europea de Derechos Humanos); Sabrina Ragone (U. de Bolonia); Pablo Saavedra Alessandri (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y Joaquín Garzón (U. Javeriana de Bogotá), postulación que se hizo en el marco del Núcleo Constitucional UAH.
El objetivo del proyecto es, en primer lugar, sistematizar los instrumentos de politización de los sistemas de nombramiento, promoción y remoción de jueces y su impacto sobre la independencia judicial, ya sea por la injerencia de los poderes estatales, de los partidos políticos o de grupos de interés. En segundo lugar, el proyecto se centra en sintetizar la forma en que los Estados latinoamericanos y europeos han sorteado (o intentado sortear) las amenazas a la independencia judicial y los modos en que han restablecido dicho principio cuando ha sido agraviado.
Cuando decidí participar en esta postulación, mi interés era doble. Por una parte, contribuir a la investigación de frontera y a la internacionalización de nuestro quehacer académico en la UAH. Por otro lado, aportar a la temática de la independencia judicial. Un sistema de justicia independiente es un elemento estructural que sustenta el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Así, avanzamos en conformar un equipo altamente calificado y diverso con el objetivo de desarrollar un trabajo en red al alero de uno de los institutos de investigación más relevantes en el área, como es el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law”, aseguró Henríquez.
Esta iniciativa se desarrollará a lo largo de tres años, comenzando en enero de 2025, en el marco del Laboratorio de Colaboración del ICCAL (Ius Constitutionale Commune en América Latina), compuesto por diez equipos integrados por académicos/as en diversas etapas de sus carreras, tanto de América Latina como de Europa. Desde la perspectiva del derecho público comparado y los derechos humanos, cada equipo abordará una cuestión estructural clave para la resiliencia democrática en las sociedades latinoamericanas y europeas.
El objetivo final del Laboratorio es crear un espacio para la excelencia en la investigación comparada, el desarrollo de conocimiento relevante para la formulación de políticas públicas, el fomento de mentorías para jóvenes investigadores/as, y el fortalecimiento del aprendizaje mutuo entre Europa y América Latina en estos tiempos desafiantes para la democracia.