Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El miércoles 14 de noviembre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, sostuvieron una reunión con la decana de Derecho UAH, Miriam Henríquez, y los decanos de Derecho U. de Chile, Pablo Ruiz-Tagle; de la U. Católica, Gabriel Bocksang; de la UDP, Jaime Couso, para conocer sus opiniones sobre la reforma constitucional presentada por el Gobierno para modificar el sistema de nombramientos de jueces y juezas, e intercambiar visiones sobre la modernización del sistema de justicia.
El ministro Gajardo subrayó la importancia de una colaboración estrecha entre el sector público, la academia y la sociedad civil, precisando que “este tipo de encuentros son fundamentales para enfrentar, de manera conjunta, los desafíos de nuestro sistema de justicia, a través de un diálogo transparente y colaborativo, en este caso con la academia, que nos permita construir consensos para la elaboración de políticas públicas en el ámbito de la justicia y fortalecer la institucionalidad”.
“Estamos honrados por la invitación del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a recibir la opinión experta de nuestro cuerpo académico sobre el proyecto de reforma al nombramiento de jueces. Esta convocatoria es valiosa para la Facultad de Derecho UAH porque abre la posibilidad de aportar en un tema relevante para el país y porque reconoce nuestra experiencia y conocimientos especializados en las reformas constitucionales y legales de las últimas décadas. A su vez, la participación conjunta con otras prestigiosas facultades de Derecho enriquece el debate público al aportar distintas perspectivas académicas, análisis críticos y propuestas fundamentadas en la investigación jurídica”, aseguró la decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
Durante la sesión, entre otros aspectos también se abordó el aporte de las universidades en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia –uno de los ejes de gestión ministerial–, cuyo objetivo es aclarar las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada.