El poder de la corrupción o la corrupción del poder. Así se denominó la última versión de la conferencia “Jueves de Reporteros”, organizada por la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Esta vez, el invitado fue Ramiro Mendoza, Contralor General de la República.
En medio de académicos y estudiantes, la autoridad nacional analizó el estado de funcionamiento de nuestros organismos públicos, además del rol fiscalizador y de imparcialidad que debe encarnar el servicio que representa.
En ese sentido, Mendoza, expuso respecto de la complejidad que implica fiscalizar ciertos temas que provocan un debate ético nacional. “El conflicto de interés tiene una vertiente ética, política, filosófica y religiosa, porque no todos perciben de la misma manera cuándo existe un conflicto de interés. Hay algunos que tienen barreras éticas más bajas y nunca ven un conflicto (…) A nosotros nos toca una parte re complicada, que es subsumir en una situación normativa una cosa que tiene un dejo de carácter apreciativo valórico. Uno trata de ser lo más objetivo posible con el ámbito normativo”, afirmó el contralor.
Además, durante su exposición, Mendoza repasó algunos de los casos pendientes en los que trabaja la contraloría, donde se mencionó la actual situación del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y su propiedad sobre la señal de Chilevisión.
En este tema el líder del órgano fiscalizador de nuestro país, aseveró: “El primer dictamen que se emitió el año pasado, que es bien complejo, dice que es indiscutible que en Chile los ministros tengan que cumplir el principio de probidad y que estén sujetos a los costos que tiene este principio”. Según Mendoza, la Contraloría alude “no sólo los ministros, también el presidente de la república, él no puede escudarse en las circunstancias de que es una autoridad para los efectos de incumplir las reglas de probidad que tiene el ordenamiento jurídico, no puede, esa no es excusa suficiente”.
De acuerdo a ese análisis, Mendoza explicó que la Contraloría está estudiando el usufructo de la señal de Chilevisión (contemplado hasta el 2018), donde se debe resolver si se apega a derecho la renovación automática del contrato que pertenece a la Universidad de Chile.