El pasado jueves 30 de diciembre la Subcomisión Forma de Estado (integrada a la Comisión de Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal) de la Convención Constitucional, recibió en audiencia presencial -realizada en el edificio capitalino del ex Congreso Nacional a nuestra académica Cecilia Osorio, junto al Decano de la FEN Eduardo Abarzúa, y a Enrique Rajevic, académico de la Facultad de Derecho.
La audiencia con las y los convencionales tuvo como objeto presentar la “Propuesta constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile”, la cual, explicó Abarzúa, aspira a “…consolidar, a nivel constitucional, una definición de empleo público, entendido como la relación laboral que existe entre el Estado y quienes se desempeñan en su Administración civil, que garantice, de una vez, un servicio profesional imparcial”. Una propuesta, precisó, que, además, está rubricada por un grupo de más de 140 personas: “…que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y ejercicio de la función pública”. El documento también ha sido ingresado como una Iniciativa Popular de Norma Constitucional.
La participación de Osorio abordó los fundamentos para aplicar esta propuesta no solo en el nivel Central también en el ámbito regional y municipal, pues, enfatizó: “En estos niveles también es relevante distinguir entre quienes son elegidos por mandato popular y su personal de exclusiva confianza, que responden al principio político, mientras que quienes trabajan en el Estado, responden al mérito y a la capacidad técnica y profesional, con una vocación que debe estar al margen de quien gobierna”.
Eso sí, aclaró que esta propuesta que busca distinguir entre Gobierno y Administración “en ningún caso” pretende: “…afectar la flexibilidad que permite a los gobiernos regionales, y en específico hoy a las municipalidades, crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, dentro de los límites y requisitos que la ley determine”.
Y para garantizar la distinción planteada en el documento, Osorio explicó que: “Los cargos elegidos democráticamente y los cargos de exclusiva confianza con que ellos cuenten, deben ser establecidos por la Constitución y la ley en el nivel nacional, regional y municipal. Ahora bien, el resto del personal, deberá acceder a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los señalados por la Constitución y la ley”.
En este punto se detuvo, precisando que: “Debe haber una igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, respetando y promoviendo criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género, en conformidad a esta Constitución y la ley. Lo que proponemos, no es solo el acceso al empleo público en todos los niveles, sino además que esto ocurra bajo estas condiciones de resguardo de oportunidades y los criterios que hemos señalado”.
Y justamente en esa perspectiva, concluyó: “Los sistemas de ingreso, desarrollo y cese en las funciones y empleo que no sean electivos y de exclusiva confianza, deberán respetar el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleos, así como la dignidad de las personas. Ello debería aplicarse a toda la Administración Pública e incluso a las funciones y empleos de otros órganos del Estado”.
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