Alejandra Luneke, doctora en sociología y coordinadora de una de las líneas de investigación del Núcleo Milenio Complejidad Criminal, explica los cambios recientes en la realidad criminal del país, que exigen una reflexión teórica y empírica sobre el concepto de crimen organizado.
Este proyecto, apoyado tanto a nivel nacional como internacional, tiene como objetivo generar conocimiento científico de alto nivel para abordar las nuevas dinámicas criminales que enfrenta el país desde perspectiva de territorial e interseccional. En esta entrevista, Luneke profundiza sobre el impacto territorial sobre el crimen y sobre el rol de las instituciones en la implementación de mejores políticas públicas.
—¿Cuál es el enfoque principal del Núcleo Milenio en términos de investigación?
Nuestro foco es investigar las nuevas complejidades del crimen en Chile, en particular delitos violentos que han aumentado en los últimos años, como secuestros, homicidios y trata de personas desde una perspectiva interseccional y territorial. Estos son problemas que no solo afectan a Chile, sino que tienen una fuerte especificidad en América Latina. Además, estamos comprometidos con la formación de investigadores jóvenes, creando capital humano avanzado. Cada investigador principal tiene a su cargo estudiantes de magíster y doctorado, y estamos planificando una escuela de formación en este tema.
—¿Cómo se articula la investigación territorial dentro de este proyecto?
El núcleo aborda la criminalidad desde una perspectiva situada territorialmente. Queremos entender cómo se configuran estos delitos en distintos contextos: no es lo mismo cómo opera una banda en el norte, en la frontera, que en un barrio urbano periférico de Santiago o en el sur de Chile. Analizamos las especificidades de cada territorio para identificar y analizar cómo se configura la violencia y el crimen de manera situada, y cómo estos desafían la capacidad de las instituciones del Estado para dar respuesta. en esta materia. Nuestra perspectiva es generar evidencia “desde los territorios” y “desde las comunidades” y desde allí, contribuir a las teorías que explican el crimen y la violencia.
—¿Qué resultados esperan obtener a nivel de políticas públicas?
Uno de nuestros objetivos es aportar al debate público en torno a la seguridad. Con la futura creación del Ministerio de Seguridad Pública en Chile y la actual agenda legislativa que se tramita en el congreso nacional, hay una oportunidad para que nuestras investigaciones ayuden a mejorar las respuestas del Estado. Queremos proveer un marco comprensivo que no solo considere la cantidad de delitos, sino también cómo estos se configuran y articulan. Es decir, nos interesa no solo describir, sino que explicar y comprender cuáles son las dinámicas y patrones relacionales que asumen en cada territorio y los efectos sociales, espaciales, institucionales y económicos que producen.
—Finalmente, ¿cuál es el rol de los territorios en la configuración del crimen organizado?
El crimen organizado en Chile tiene una especificidad territorial que aún no ha sido suficientemente abordada. Cada territorio presenta desafíos únicos, y nuestro objetivo es reconceptualizar el concepto de crimen organizado, incorporando una visión más profunda y matizada de cómo operan estas dinámicas en contextos locales. Nos interesa entender cómo factores como la migración y la exclusión social inciden en la formación de bandas y cómo estas interactúan con las comunidades.
Sobre la investigación
—¿De dónde nace la iniciativa y quiénes respaldan esta investigación?
Este Núcleo Milenio está liderado por Catalina Droppelmann, de la Universidad Católica, desde el Centro de Justicia Social, y también cuenta con la participación de Romina Ramos, de la Universidad de Tarapacá. Ambas son cientistas sociales que han trabajado extensamente en temas de crimen y violencia. El núcleo está compuesto por un grupo interdisciplinario de ocho investigadores principales, entre ellos tres mujeres y cinco hombres, de diversas universidades.
A nivel internacional, recibimos apoyo de organismos de cooperación como la Oficina de Estados Americanos y la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el crimen (UNODC). Desde la academia, el proyecto está apoyado y colaborará con investigadores centros de investigación especializados de la universidad de Cambridge, Edinburgh y LSE. En américa latina, la colaboración se realizará por ejemplo con la Universidad de Brasilia, la Universidad Nacional de San Martin y de la Universidad Católica del Uruguay.
Estas colaboraciones instituciones del norte y sur global permiten un análisis comparado, lo que nos da una visión más amplia de cómo el crimen se manifiesta en distintas regiones del mundo.
—¿Qué instituciones públicas están involucradas?
Otro aspecto que es relevante mencionar es que hay instituciones públicas involucradas. En Chile, trabajaremos de cerca con el Ministerio Público y la Fiscalía en particular, y con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Su participación es clave en este proyecto.