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Investigación: Responsabilidad del Estado y actuaciones policiales

En una entrevista realizada por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH el investigador, Gustavo Poblete, se refirió a la adjudicación del Proyecto Fondecyt 2024 que le permitirá estudiar situaciones de violencia policial en Chile.

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Fuente: Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH / Por: Gabriela Lobos Hernández

En una entrevista realizada por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH el investigador, Gustavo Poblete, se refirió a la adjudicación del Proyecto Fondecyt 2024 que le permitirá estudiar situaciones de violencia policial en Chile.

¿Qué condiciones deben presentarse para que el Estado indemnice a las víctimas de lesiones causadas por Carabineros o la Policía de Investigaciones? Esa es la pregunta que busca responder Gustavo Poblete, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), quien se adjudicó un Fondecyt de Iniciación 2024 llamado “La falta de servicio por actuaciones policiales”.

El académico de la Facultad de Derecho de la UAH abordará la responsabilidad del Estado y las actuaciones policiales. Poblete explica que hay una serie de casos donde es importante analizar el razonamiento judicial de jueces y juezas para decidir la procedencia de indemnización de perjuicios por parte del Estado. “La idea es identificar y reconstruir los criterios judiciales que utilizan los tribunales de justicia cuando deciden estos casos. Esto es útil porque permite determinar si la actuación del Estado es negligente o diligente. Si procede de manera negligente quiere decir que debe indemnizar a las víctimas que sufrieron daños por parte de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile. Por el contrario, si lo hace de manera diligente entonces el Estado estaría actuando bajo el imperio del derecho y por lo tanto estas personas no podrían recibir ninguna indemnización”, puntualiza el investigador del CiPP.

El especialista comenta que esta investigación también analizará los casos de las víctimas del estallido social de octubre de 2019 donde hay personas muertas, heridas y mutiladas. Destaca que, según diferentes organismos nacionales e internacionales, la represión policial de las protestas implicó la violación de los derechos humanos de los manifestantes. Así lo señaló la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la visita que hizo al país entre octubre y noviembre de ese año. “Estos casos son emblemáticos, porque encontramos una gran cantidad de personas con mutilaciones de sus globos oculares producidas por Carabineros con armas letales”, comenta el académico.

Otra de las situaciones que se investigará es el actuar de la fuerza pública en eventos masivos, ya sean deportivos, culturales o musicales. “En este tipo de casos, la fuerza pública actúa, por lo general, fuera de estos recintos, motivados por algún desorden o alteración pública. Sin embargo, el problema surge cuando utilizan carros lanza agua o gases lacrimógenos para controlar esta situación y dañan a otras personas. Entonces la pregunta que debe ser solventada es si ese daño debía ser tolerado por esas personas o si el Estado tiene que compensar económicamente a quien sufre perjuicios y que solo deseaba disfrutar de una jornada de entretenimiento”, plantea Poblete.

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