Compartimos reflexión de Nicolás Pedemonte Rojas titulada, “Desinformación: la realidad invisible de la crisis migratoria”, realizada por el área de Comunicaciones de la Universidad Alberto Hurtado, en sección, “Cambiemos el Mundo”.
¿Cuánto impacta el desconocimiento en los flujos no habilitados? Solo un 42% declara conocer la existencia de la nueva normativa y la poca información que reciben les llega en un 60% por redes sociales. Nicolás Pedemonte, director del Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives SJ de la Universidad Alberto Hurtado, analiza lo bueno, lo malo y lo esperanzador de las cifras que entregó la Primera Consulta Ciudadana a Población Migrante y Refugiada residente en Chile.
*Por Carmen Sepúlveda
Cuando se cumple un año de la entrada en vigencia de la normativa que regula los movimientos de población, el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana entregó el primer informe sobre la estrategia comunicacional, implementación y funcionamiento de la nueva Ley de Migraciones (21.325). Y los resultados son alarmantes: menos de la mitad de los participantes, solo un 42%, señaló con seguridad estar enterado de la existencia de la nueva normativa. En tanto, el 64% respondió que el medio de comunicación más utilizado para informarse son las redes sociales. A nivel de percepción, la peor medida evaluada es la reconducción a los países a extranjeros que ingresan por pasos irregulares junto a los sentimientos negativos que acompañan el proceso migratorio que son en un 80% de incertidumbre, miedo, rabia y tristeza.
El informe fue realizado en cooperación con la Universidad de Santiago de Chile; el Servicio Jesuita a Migrantes; el Centro Vives UAH; y la Universidad Arturo Prat con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR Chile) y la Embajada de Francia en Chile. Es el tercero de tres que se publicaron durante el año. El análisis de los resultados y lo que viene en política migratoria nacional es analizado por el director del Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives SJ de la Universidad Alberto Hurtado, Nicolás Pedemonte Rojas.
¿Cuánto impacta el desconocimiento de la ley en el control migratorio?
—El informe evidencia que hay recursos escasos para informar de la nueva ley de migración, tanto en las oficinas que tiene el Estado chileno en el país como en otros países. En los consulados no hay un esfuerzo importante por entregar información, y en el territorio nacional los migrantes carecen de conocimientos en torno a los procedimientos. E incluso los mismos funcionarios a veces incurren en ambigüedades. Frente a eso, buenos son los esfuerzos por entregar la información directa a las organizaciones migrantes, de manera que pueda haber un vínculo y una suerte de articulación entre la sociedad civil y el Estado. Pero también es importante que los mismos funcionarios estén capacitados, y entiendo que el Estado está en esa labor de capacitación.
¿Qué sucede cuando hay desinformación?
—Las personas no logran completar la tramitación de los visados; hay personas que de alguna manera ni siquiera la inician por no saber cuáles son los pasos a seguir, ni tampoco las condiciones de los protocolos. Las organizaciones migrantes se han dado cuenta de estos vacíos y terminan armando iniciativas para orientar a la población migrante. Hay algunas organizaciones más liberales, que incluso han visto un espacio para formar migrantes habilitados en el mercado, lo que implica capacitarlos en los protocolos legales para la regularización. Muchos ven ahí también espacios de negocios y cobran por la ayuda y, en otros casos, nos encontramos con trabas y engaños.
En general, el informe entrega una percepción negativa desde la población migrante. ¿Qué le parece que asocien este proceso a sentimientos de rabia y la tristeza?
—La pandemia fue clave en esto. Chile, en especial para la población haitiana, dejó de representar ese anhelo de desarrollo profesional o ese espacio y oportunidad concreta de movilidad social. No hubo para esa comunidad un espacio real de desarrollo profesional y de carreras universitarias, y en gran medida se han ido del país. En general, los países de la región mostraron su cara menos acogedora y los migrantes se vieron desamparados y se fueron a destinos aparentemente más prometedores, como Estados Unidos.
—Los flujos migratorios no paran y en el continente vemos que las democracias son muy frágiles. El caso de Perú es un ejemplo: la actual crisis posiblemente se puede traducir en nuevos migrantes para nuestro país. En ese contexto, ¿cree posible una ley de cuotas?
—En realidad las democracias en el mundo son frágiles y podemos estar recibiendo más gente de Asia y Medio Oriente el día de mañana. Te diría que la migración como tal no es un problema ni una amenaza, pero la concentración en determinados territorios provoca que la población chilena vea a los migrantes con sospecha. Quizás, si establecemos programas de inserción laboral con incentivos en manos de obra que los distribuyan mejor territorialmente, ayudaría a mejorar la percepción. Pero eso implica que el Estado se haga cargo, porque el mercado no genera esos mínimos de calidad de vida que ellos necesitan. Si tenemos población migrante en condiciones de precariedades, el Estado debe tomar iniciativas de política social y a nivel de inserción laboral. Otro problema es el cierre de fronteras y las políticas tan cambiantes, que muchas veces hacen que los migrantes no puedan proyectar las travesías y trayectos de manera tan certera, y se encuentren llegando al país con un tapón en una frontera que suponían franqueable o que podían penetrar. Hay desarticulaciones en las medidas que toman los países y Chile no ha estado ajeno a esa manera de proceder.
—Que cierren o abran las fronteras, ¿es como lo que le sucedía a los viajeros en plena pandemia, que muchos quedaron atochados en los aeropuertos?
—Tal cual. La crisis en Colchane tuvo que ver con ese tipo de medidas. Una crisis generada por las señales que entregó el gobierno de Sebastián Piñera en su momento. Las crisis de los países fronterizos hay que darlas por hecho, pero no hay que ofrecer ni generar expectativas en la población que están en condiciones dramáticas. Los flujos migratorios difícilmente se detienen mientras las condiciones de los países de origen no cambian. Si se mantiene la crisis en Venezuela o en Perú, seguiremos teniendo movilidad con variables de flujo sin control. Y cambiarles de un día para otro los protocolos de visados genera que ingresen por pasos no habilitados.
—¿Y cómo se debería controlar?
—Lo que se puede hacer es facilitar que los flujos que llegan a los países tengan información para que regularicen sus condiciones y puedan transformarse en un aporte al país. Los migrantes viajan a Chile porque tienen redes establecidas, con familiares y amigos que se han venido. Y cuando hay una comunidad asentada en el país es muy difícil detenerlos, porque es como que decirle a un niño que no pase a la casa donde está su mamá. A ese niño, aunque le pongas cocodrilos y alambres de púas, va a saltar igual y va a precarizar aún más esa experiencia. Eso es lo que no han entendido las autoridades: los migrantes llegan igual. Incluso a Estados Unidos, donde los muros no han sido capaces de frenarlos. Y tampoco debe haber caso omiso o tapar el sol con un dedo y decir que son casos muy aislados. No, no son casos aislados: en un año ingresaron a Chile 56 mil personas por pasos no habilitados. Son más de un Estadio Nacional repleto y esa es la cifra registrada, porque también hay una cifra subterránea que no sabemos. La pregunta entonces es: ¿qué hacemos con esas personas?
—¿Funcionaría una ley de cuotas?
—Para el ingreso mismo las visas humanitarias son eso y se han mostrado súper favorables en países como Brasil y Colombia para frenar el mercado de la migración o el oportunismo criminal que hay en torno a ella. Creo que es una buena medida porque hay ejemplos en el mundo que dan cuenta de que, cuando los protocolos son claros, se puede optar a una visa humanitaria. Y se canaliza por ahí una necesidad sentida de la población. Pero cuando se anuncian visas humanitarias y no se otorgan, o se otorgan muy pocas, representan un tapón que impulsa la migración por pasos no habilitados.
—La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, que participó en la presentación del informe, hizo referencia a la inequidad social a la que se enfrentan los gobiernos locales para asesorar a personas migrantes en temas jurídicos, sociales o laborales. ¿Es bueno que se haya descentralizado el apoyo?
—El rol de los gobiernos locales es clave, pero los municipios también pueden generar desigualdades. Hay casos virtuosos, como que ha hecho Quilicura y Estación Central. Pero también vemos que la población migrante se está concentrando en nuevas comunas, como Peñalolén, Lo Prado, Pudahuel. Y claro: el municipio es esa primera línea en la integración. Eso muchas veces queda sujeto a los recursos limitados del gobierno local y no se puede desarrollar una política integral contando con que ellos van a tener más capacidades si no se entregan recursos desde arriba.
¿Cuáles son los tres elementos positivos que entrega este informe?
—Más que elementos positivos del informe, veo oportunidades en esta nueva institucionalidad y una nueva articulación entre sociedad civil, organizaciones migrantes y política pública. El informe despierta la esperanza de que que se abra un espacio para la regularización migratoria estando en el país, que es la principal traba de la nueva normativa. Por otro lado, diría que las cifras que entrega dan cuenta de un fenómeno dinámico: no estamos inundados de migrantes; no estamos gestionando esos flujos y en consecuencia se concentran en algunos espacios y eso no es bueno porque genera segregación y da luces de una migración que está siendo descontrolada.
¿Lo que viene sería estar monitoreando cómo se hacen las cosas?
—Es necesario darle seguimiento a esta nueva ley porque un primer año es muy acotado para tener conclusiones tajantes. Hay que seguir haciendo investigación en un tema que es incómodo. Si bien para la prensa es una materia sexy, para el Estado es delicado y no hay mucho ánimo de dar declaraciones porque te puedes pisar la cola. Creo que, a pesar de que el tema se instrumentalizó a nivel electoral, hay una oportunidad de quitarle el componente más sensacionalista, porque lo que han hecho es relacionar migración con inseguridad y eso es muy delicado. El gobierno, al parecer, quiere “hacer” más que “decir” porque no es un tema fácil de abordar a nivel comunicacional. Y la academia tiene que estar presente y ser propositiva.
Por otro lado, nosotros como Observatorio vamos a darle continuidad a este trabajo y estamos pensando en actualizar el libro Migración en Chile. Evidencia y mitos de una nueva realidad, publicado por LOM, y al que le fue muy bien en su momento. Y seguiremos como Centro Vives con el barómetro de percepción de la migración, analizando el nivel de xenofobia y las narrativas en redes sociales en conjunto con la Fundación Interpreta.
La presentación del Informe de Movilidad Humana está disponible aquí.