El trabajo titulado “Protección de Personas en Movilidad Humana. A un año de la entrada en vigencia de la ley de migraciones” fue desarrollado durante 2022 por el Observatorio Migraciones y Movilidad, en el que cooperan la Universidad de Santiago de Chile; Servicio Jesuita a Migrantes; el Centro Vives UAH; y la Universidad Arturo Prat y cuenta con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR Chile) y de la Embajada de Francia en Chile.
Juan Pablo González, coordinador del observatorio presentó los resultados del estudio en el marco de un conversatorio, realizado el pasado miércoles 11 de enero en el aula magna de la universidad.
En primer lugar el coordinador explicó el contexto migratorio en Chile,
marcado por un cambio en los últimos 10 años con un crecimiento desde el año 2018 hasta 2021 de un 14,1%, de acuerdo a la última estimación del INE y SERMIG. “La migración siguió creciendo y en términos de nacionalidad los colectivos más numerosos son Venezuela, Perú, Haití y Colombia, naciones que no son fronterizas”, señaló el investigador. Además agregó que si bien por la pandemia se registró un descenso en la migración, comienza una recuperación en 2022, con la llegada de nuevos migrantes. También se revela que hay un crecimiento en los registros de ingreso por paso no habilitado que realiza PDI.
Los nudos que reveló el estudio se vinculan con problemáticas relacionadas con la accesibilidad de los procedimientos para dar cuplimiento a los derechos que están consagrados en la normativa. También se identifica una tensión interpretativa entre el poder ejecutivo y el judicial, respecto al sentido y alcance de las atribuciones de expulsión, hay dificultades en la formación de capital migratorio, es decir, de conocimientos, redes y técnicas que permiten a las personas migrantes navegar la burocracia chilena y llevar con éxito su proyecto migratorio, y destacan la importancia de la normativa infralegal.
En respuesta a lo anterior, Juan Pablo González dio a conocer las propuestas que se entregan a partir de diagnóstico, en primer lugar están los tribunales migratorios, para generar una institucionalidad que disponga de frenos y contrapesos para velar por la coherencia entre las normas de la legislación y el funcionamiento de los órganos del Estado; fortalecer las vías comunicativas en el extranjero para mejorar el flujo informativo entre países emisores y receptores, generar movilidades humanas más informadas, evitando proyectos migratorios frustrados y precarizados. Reforma al decreto 177 para permitir la solicitud de visados dentro del territorio nacional y la ampliación del sistema de visados laborales y humanitarios, fortalecer la comunicación interinstitucional y la participación ciudadana y de gobiernos locales.
Luego, los resultadosde la investigación fueron abordados por un panel de conversación compuesto por: Rebeca Cenalmor-Rejas, Jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Chile, Carolina Leitao, Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Neida Colmenares, Presidenta de Cosoc del Servicio Nacional de Migraciones y Macarena Rodríguez, directora de la Clínica jurídica de la UAH.
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Desde Acnur, Rebeca Cenalmor-Rejas reconoció el valor de este tipo de iniciativa, “ellas promueven la colaboración de distintas instituciones, de distintas regiones del país, permiten generar evidencia académica que sirve para el diseño e implementación de políticas públicas…en un contexto actual donde lo que vemos cada vez más es desinformación o manipulación de la información con distintas finalidades”.
La jefa de la oficina de Acnur en Chile destacó las propuestas referidas al otorgamiento de protección internacional a las persona que llegan a Chile y que han salido de su país donde su integridad está en riesgo y no pueden regresar. “Son importantes los mecanismos de cooperación y solidaridad internacional. Estamos ante una dinámica regional frente a la cual las soluciones de un solo país no sirven, tiene que haber una cooperción yuna responsabilidad compartida que va a permitir atacar mejor los desafíos asociados a las personas que necesitan protección”, comentó.
La alcaldesa de Peñalolen, Carolina Leitao compartió sobre los espacios de acogida que han tenido los municipios hacia las personas, sin embargo señaló las dificultades a las que se ven enfrentados debido a “una inequidad territorial en que muchos municipios pueden colocar a disposición muchas instancias y otros que no tienen esa capacidad”.
Neida Colmenares, destacó que con la nueva ley hay avances, “genera declaraciones para avanzar en mecanismos de protección complementarias”. Enfatizó el que se mandate desde la ley la generación de una policía nacional migratoria y el haber pasado de ser un departamento l a ser un servicio”
Por último, Macarena Rodríguez, Presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes se refirió a la gran cantidad de personas en situación jurídica irregular, “personas que no tienen un status, una definición y que es un número que crece, una realidad que antes de la pandemia nunca fue tema.”
“Hoy el gran punto del que desde todos los estados hay que hacerse cargo es de este enorme número de personas que están en condición jurídica irregular”, concluyó.
Para Nicolás Pedemonte Rojas, director del Centro Vives UAH, la investigación es un aporte, que permite “entregar información empírica de lo que realmente está pasando y contrarrestar lo que en los medios de comunicación muchas veces se construye en el imaginario de la migración como sinónimo de amenaza. Creemos que desde las políticas públicas se puede gestionar la migración de manera razonable y en perspectiva de derecho”.
El trabajo realizado por el Centro Vives se puede revisar en www.observatoriomigraciones.cl