El próximo 26 de agosto se cumplen cien años de un hito fundamental en la historia de las políticas educativas en Chile: la publicación en el diario oficial de la Ley de Educación Primaria Obligatoria -LEPO- (1920). Esta conmemoración es una oportunidad para recordar cómo los debates en torno a la educación poseen permanencia en el tiempo.
La LEPO estableció la obligatoriedad de toda niña y niño de asistir a la escuela, hasta al menos cuarto año de educación primaria (lo que luego se extendió a 6º año en 1929). Ello constituye un hito en la historia de la expansión de la cobertura educacional en Chile, que posibilitó el acceso a las escuelas de niños y niñas del bajo pueblo. Usando un lenguaje contemporáneo, fue una política educativa de inclusión social. No era la época en que las élites se preguntaban por la diversidad cultural del alumnado, por sus necesidades educativas especiales o por el respeto a las culturas de los pueblos originarios. El anhelo de la masificación de la enseñanza, no obstante, abrió la puerta para que esa discusión se instalara décadas más tarde.
En 1920, las élites del país consensuaron la necesidad de instruir y alfabetizar las clases populares, lo cual representó un avance en cobertura, expansión e integración escolar. Después de 20 años de debates, desde el primer proyecto de la ley en 1900, el consenso, casi inobjetable, era que todo niño y niña se debía educar dentro del sistema educativo. Las grandes disputas ideológicas, sin embargo, reanimaron la discusión en torno al Estado docente versus la libertad de enseñanza y el poder de la Iglesia, que había comenzado en el siglo XIX. De ese modo, los debates parlamentarios oscilaban entre las ideas conservadoras que denunciaban el peligro de otorgarle tanto poder al Estado en desmedro de las familias y, especialmente, de la acción moralizadora de la Iglesia católica; hasta las opiniones de radicales y liberales, que veían en la ampliación del Estado docente una herramienta de modernización del país.
La puesta en marcha de la LEPO fue, eso sí, más deseo que realidad; fue lenta, con insuficientes recursos fiscales, y tuvo mayor impacto en las ciudades que en las zonas rurales. No obstante, la ley representó un logro en la consolidación de la idea del Estado docente que perduró buena parte del siglo XX. No solamente estableció que la educación primaria fuese obligatoria, sino que era el Estado el que debía definir, por sobre la decisión de las familias, que la educación era un derecho social para todas las niñas y niños del territorio chileno.
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