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Rebaja de dietas parlamentarias

Eduardo Abarzúa, decano de la FEN y consejero de la ADP manifestó – al inicio de la discusión – que no debía ser la Alta Dirección Pública la que decidiera la rebaja de dietas de  parlamentarios y altas autoridades. Finalmente, la instancia aprobó una disminución transitoria.

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Fuente: Emol.com

En entrevista con Emol -vía mail- el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, reconoció que él propuso una rebaja mayor y apostaba a un 30%. Eduardo Abarzúa, decano Facultad de Economía y Negocios U. Aberto Hurtado y miembro del Consejo de Alta Dirección Pública.

¿Cómo fue lidiar con la alta expectativa ciudadana para decidir la rebaja de las dietas? En varias de las sesiones, los expositores que escucharon, enfatizaron en que su tarea no era fácil.

Efectivamente no fue fácil. Uno de los principales problemas tenía que ver con que el encargo que la Constitución hizo al Consejo se alejaba radicalmente del rol que le es propio y que dice relación con la selección por mérito y a través de concurso público de los mejores candidatos a servir cargos directivos en los principales servicios públicos del país. Tarea con un fuerte componente técnico, a diferencia del encargo netamente político que se hizo al Consejo, aún cuando la propia Ley trató de darle un carácter de tarea técnica. Los elementos involucrados claramente evidenciaban su contenido político. Además, era bastante claro que cualquiera fuera la decisión del Consejo ésta no dejaría contento a todo el mundo y podía, además, perjudicar la credibilidad de la ADP, esencial para contar con buenos candidatos a los cargos que deben proveerse por su intermedio o con su participación.

La expectativa ciudadana era alta y su consideración, además de la sintonía con sus motivaciones fueron lo que dieron lugar a mi voto de minoría. Estimé esencial dar una señal clara respecto a la importancia de que las dietas parlamentarias -pues ese era el centro de la inquietud de la gente- debían definirse con un correlato con la realidad del país, con el alto porcentaje de chilenos que viven con muy poco y que, como consecuencia de las actuales circunstancias, tampoco ven un futuro auspicioso por delante.

Sin embargo, tampoco fue el único condicionante. Se recogieron los criterios que la ley impuso: responsabilidad asociada al cargo; independencia, EUS (Escala Única de Sueldos), realidad económica del país y política comparada. La apuesta y esfuerzo estuvo en encontrar un sano equilibrio entre todas esas variables, entendiendo que, además, lo que estaba detrás de todo era la falta de confianza en las instituciones y autoridades, con el peligro que ello entraña para nuestra democracia.

 

Ver entrevista completa en Emol.com

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