Los académicos Ivo Gasic (Departamento de Geografía UAH) y Miguel Pérez (Departamento de Antropología) e investigador COES.
El proyecto de Ley de Integración Social y Urbana ha acaparado la atención del debate en materia urbana durante los últimos meses. Actualmente en discusión en el parlamento, la iniciativa surge de la necesidad de reducir los preocupantes niveles de segregación residencial de nuestras ciudades y sus nefastos efectos en los grupos más pobres: su relegación espacial en la periferia, el aumento de sus sentimientos de exclusión y la objetiva limitación de sus posibilidades de movilidad social. En ese marco, el proyecto considera la creación de Zonas de Integración Urbana (ZIU) donde, vía incentivos normativos a desarrolladores inmobiliarios, se podrían construir proyectos de vivienda donde convivan distintos grupos sociales.
El proyecto ha recibido una serie de observaciones. Según un documento elaborado por académicos/as del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC, los aspectos más cuestionables de la iniciativa son su carácter centralista, así como la desconsideración de una política de suelos más amplia que otorgue mayores facultades al Estado. Junto con compartir estas críticas, consideramos pertinente discutir los alcances del proyecto de ley abordando los fundamentos mismos en que los se basa, a saber, el supuesto de que es posible fomentar la “integración social urbana” mediante la creación de barrios socialmente mixtos. Dicha premisa, creemos, no solo manifiesta una pobreza conceptual al reducir la integración a un problema de proximidad geográfica, sino que también no interpreta los deseos y expectativas de quienes, se supone, son los beneficiarios de esta ley: las familias allegadas.
La creación de las Zonas de Integración Urbana, decía el ministro Cristián Monckeberg hace algunos meses, busca desarrollar proyectos habitacionales socialmente mixtos en áreas “con buen equipamiento y en comunas centrales”. ¿Quiere decir esto que, para integrarse socialmente, los pobres que residen en la periferia deben salir de sus barrios? Tal idea, además de ser profundamente clasista al asumir que los pobres podrían alcanzar una vida digna lejos de sus poblaciones, demuestra un desconocimiento de la literatura nacional e internacional en la materia. Diversos trabajos han demostrado los riesgos de forzar la “mezcla social” (social mixing) moviendo a los pobres a barrios de mayor nivel socioeconómico, los que van desde la estigmatización de los residentes de menores ingresos hasta la pérdida de las redes de apoyo con las que sostenían su vida cotidiana. Así como durante los noventa el problema de la vivienda fue entendido solo como un déficit cuantitativo—lo que llevó a la construcción masiva de viviendas de baja calidad—, este proyecto de ley concibe la integración social urbana como un problema de acercamiento espacial entre grupos distintos. Ello podría traer como consecuencia que la creación de ZIU, lejos de promover la integración, refuerce la distancia social entre individuos de distinta clase, haciendo de los barrios socialmente mixtos espacios de discriminación y conflictos.
Concebir como problemático la permanencia de los pobres en sus comunas de origen, además, desconoce las expectativas de miles de familias vulnerables que buscan alcanzar la vivienda en propiedad. En el marco del Proyecto Anillos SOC180033 sobre aspiración y vida cotidiana, hemos documentado que, ante las presiones de un mercado de suelos liberalizado, comités de allegados de comunas tan diversas como La Pintana y Peñalolén tienen una reivindicación común: el derecho a quedarse en sus barrios de origen[1]. ¿Por qué la solución a la pasividad del Estado en materia urbana debiera ser mover a los pobres a proyectos de integración y no dotar de Bienes Públicos Urbanos sus territorios? ¿Por qué despojar a los pobres de sus redes, lazos y arraigo con sus barrios y no invertir decididamente en áreas de la ciudad históricamente abandonadas?
Que el Estado replantee el modo de hacer ciudad es una buena señal. Sin embargo, el problema de la integración social urbana no se resuelve sacando a los pobres de sus barrios, sino con políticas públicas que partan por reconocer sus aspiraciones, motivaciones y anhelos por vivir dignamente.
[1] Pérez, Miguel. 2018. “Toward a Life with Dignity: Housing Struggles and New Political Horizons in Urban Chile”. American Ethnologist 45 (4): 508–20; Pérez, Miguel. 2019. “‘Uno tiene que tener casa donde nació’. Ciudadanía y derecho a la ciudad en Santiago”. EURE 45 (135): 71–90; Gasic, Ivo. 2018. “Inversiones e intermediaciones financieras en el mercado del suelo urbano”. EURE 44 (133): 29–50.
Miguel Pérez, Académico Departamento de Antropología UAH e investigador COES
Ivo Gasic, académico Departamento de Geografía Universidad Alberto Hurtado.