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Fuente: La Tercera Si realizamos un balance del 2024, sin dudas fue un año sumamente difícil para el Poder Judicial, especialmente para su máximo tribunal. Recordemos que se hizo efectiva […]
Fuente: La Tercera
Si realizamos un balance del 2024, sin dudas fue un año sumamente difícil para el Poder Judicial, especialmente para su máximo tribunal. Recordemos que se hizo efectiva la responsabilidad constitucional de dos ministros de la Corte Suprema en virtud de la acusación constitucional, con la consecuente remoción e inhabilitación. Además, otros ministros de la Corte quedaron sujetos a distintos mecanismos de control y responsabilidad administrativa, planteando serias dudas en la opinión pública sobre la independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia en el actuar de los jueces. A este escenario negativo, se suma que la integración del máximo tribunal no está completa; que se ciernen nuevas amenazas de acusaciones constitucionales sobre algunos de sus integrantes; y que existe cierta incertidumbre sobre la continuidad de su jurisprudencia atendida la reconfiguración de sus salas.
Un panorama como el descrito supondría cierto sentido de urgencia por cambiar aquello que permitió llegar a esto. Con ese afán, en octubre pasado el Presidente de la República inició la tramitación de un proyecto de reforma constitucional que pretende modificar el gobierno judicial y crear un nuevo órgano encargado de los nombramientos judiciales. Sin embargo, su tramitación ha avanzado mínimamente.
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