Fuente: El Mostrador
Al igual que las buenas películas que cuentan con segundas partes, la elección de gobernadores regionales podría ofrecer una versión mejorada, una que entusiasme y revierta no solo un estreno deslucido y aburrido, sino también la sensación de haber perdido el tiempo presenciando un mal estreno.
La elección directa de los gobernadores regionales mediante sufragio universal fue una respuesta a la deuda pendiente en materia de descentralización, buscando avanzar en la dimensión política del nivel subnacional regional. Mientras que el nivel local había avanzado en la clásica distinción de lo político, administrativo y fiscal, el nivel regional, sólo contaba con descentralización administrativa.
Dicho lo anterior, y dando por superada la discusión de si era algo que la gente realmente demandaba, lo cierto es que a través de las leyes 21.073 y 21.074, promulgadas el año 2018, se dio un nuevo impulso al proceso de descentralización sobre todo a nivel regional. La primera ley dispuso la elección (y sustitución del intendente regional) del gobernador regional y la segunda incorporó nuevas competencias al gobierno regional, regulando el proceso de transferencia de competencias desde ministerios y servicios públicos hacia el nivel regional, posibilitando la creación de áreas metropolitanas y fortaleciendo el rol planificador del gobierno regional.
Algo en el guion no salió bien
Un despliegue de acuerdo a lo esperado de ambas leyes, probablemente, hubiese permitido observar un mejor desempeño, pero durante el año 2023, el destape de lo que conocemos como “caso convenios” involucró a varios Gobiernos Regionales y con ello, se alteró el proceso, congelando la agenda pro descentralización.
El cauce natural del proceso de descentralización hubiese considerado la eliminación (o redefinición) de la figura del delegado presidencial (compromiso de campaña del Presidente Boric); el fortalecimiento del rol del gobernador regional; un proceso de transferencia de competencias avanzando de manera prioritaria; mayor consenso político para promover y avanzar en el proyecto de ley “regiones más fuertes”. En suma, una serie de acciones y/o medidas que fortalecerían la institucionalidad regional, principalmente, los gobernadores regionales.