Fuente: Cooperativa
El 18 de julio de 1994 se produjo un ataque en contra de la Asociación Mutual Argentina (AMIA), en Buenos Aires, que tuvo como resultado 85 muertos. Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, se había producido un atentado en contra de la Embajada de Israel, en la misma ciudad. El segundo ataque, el realizado contra la mutual israelita, ha sido considerado como el más importante registrado en Argentina y el más grande en contra de una comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial.
Desde un inicio, la investigación del atentado a la AMIA contó con dos pistas o vertientes principales. Una fue la pista internacional de la causa, la que fue conducida por el fiscal Alberto Nisman, quien llegó a la conclusión de que Irán y el movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá eran los autores del atentado. Más particularmente, en un dictamen de 2006, el fiscal Nisman acusaba que fueron las máximas autoridades del entonces gobierno de Irán quienes planificaron y tomaron la decisión de llevar a cabo el atentado (autores intelectuales), quienes encomendaron su ejecución a Hezbolá (autor material).
Los atentados fueron promovidos por Teherán como una medida que apuntaba a extender la guerra del sur del Líbano a todo el mundo, incluyendo a Argentina y, por otro lado, como una consecuencia de la cancelación del suministro de tecnología nuclear de Argentina a Irán. Además, se produjeron en un contexto de oposición de Irán y Hezbolá a las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos, iniciadas a partir de la Conferencia de Madrid (1991). En esa oportunidad, Teherán creó el Frente del Rechazo a los acuerdos.
La segunda vertiente de la investigación es la nacional, la que ha conducido a una obstrucción a la justicia, en la que han sido responsabilizadas varias autoridades, incluyendo jueces y presidentes. De este modo, el primer juez que tuvo la Causa AMIA fue Juan José Galeano, quien investigó durante casi una década, desde julio de 1994 hasta diciembre de 2003. Sin embargo, en 2005 Galeano fue destituido y procesado por falsos testimonios en esta causa, siendo declarado culpable en 2019 por un tribunal oral argentino, que lo condenó a seis años de prisión.
Galeano no es el único acusado en la investigación por el atentado. Dos expresidentes argentinos han sido denunciados por obstruir la justicia: Carlos Menem y Cristina Fernández. A Menem se lo denunció por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de sus deberes como funcionario público. Sin embargo, en 2019 fue absuelto de todos estos cargos, en la misma fecha en que se condenó al juez Galeano.