Fuente: Lo que importa, con Daniel Matamala
“(…) En la realidad la empresa tiene que hacer inversiones de manera sistemática para poder competir con la empresa modelo (en la teoría). Si no hace inversiones sistemáticas va a pasar lo que pasó (con Enel), donde no se tomaron medidas para evitar lo que pasó (el temporal del 2 de agosto que mantiene a cerca de 2000 clientes sin energía eléctrica a la fecha, según la Superintendencia de Electricidad y Combustible)”.
—¿El modelo incentiva a que las empresas no hagan lo que deberían hacer?
No sé si decir que incentiva, pero al menos los castigos por no haber realizado esas mantenciones me parece que no funcionan bien. Por ejemplo, las multas no son lo suficientemente altas; las compensaciones no son los suficientemente automáticas; el costo de compensación es muy bajo, y la verdad es que las compensaciones tienen que ver con lo no consumido más que con todo el daño extra que significa el dejar de consumir energía eléctrica: todos los alimentos que se echaron a perder, las personas electrodependientes en qué minuto tuvieron acceso a ello, y eventualmente lo que abogados llaman daño moral.
—La modelación que se hace (de la empresa modelo que fija tarifas), ¿es transparente? ¿O tienen demasiado poder las empresas para hacerlo a su manera?
Yo diría que el problema no está ahí. Como contraparte está la Comisión Nacional de Energía y ambas partes presentan su propio estudio y luego se pondera en 2/3. El problema es que parte de la regulación paga el costo anual de la inversión de una empresa recién hecha, que no es la realidad. Eso en otros países ya empezaron a cambiarlo y se fueron a una regulación más de empresa modelada, en el caso de los costos operacionales; pero en el caso de las inversiones, más de la empresa real: en la medida que has invertido, yo te voy pagando.
—¿Cómo se podría hacer para que ese incentivo sí exista y que haya inversiones definidas?
Por lo pronto, estándares de calidad de servicio, que en Chile están pero que no son suficientemente fuertes. Primero, las multas son muy bajas. Y la amenaza de término de concesión no es creíble porque nadie la va a aplicar. No está la alternativa. Para quitar una concesión tienes que tener el Plan B armado y en Chile no hay un Plan B. El mismo gobierno reconoce que no tiene la musculatura para que una empresa pública se haga cargo de la distribución de la energía eléctrica.