Fuente: Cooperativa
Primero, ya se ha dicho, devela el secreto bancario: Nuestra información podría ser revisada y enviada al SII simplemente por realizar una cantidad considerable de abonos en un breve periodo. Esto incluye a personas como los tesoreros escolares, por ejemplo, quienes podrían recibir varios abonos en periodos cortos, sin tener ninguna implicación en actividades ilícitas. La burocracia resultante de esta normativa parece innecesaria y carece de un objetivo claro y específico.
Segundo, al informar solo al titular de la cuenta, la normativa no aborda el problema del narcotráfico de manera efectiva. Los compradores de drogas, que podrían realizar numerosas transferencias pequeñas, no serían identificados, lo que permitiría a los microtraficantes operar sin ser detectados. La normativa parece centrarse más en la formalización del comercio ilegal que en la identificación y persecución de los verdaderos culpables. Para ser efectiva, esta medida debería incluir la identidad de quienes realizan las transferencias, permitiendo así una persecución penal adecuada.
Tercero, tanto la lucha contra el comercio informal como el narcotráfico requieren una coordinación entre diversas entidades: Fiscalía, policía, tribunales y el SII. La actual propuesta del Ministerio de Hacienda parece ignorar esta necesidad de coordinación, confiando únicamente en el SII para manejar la información de las cuentas corrientes. Esto no es viable, ya que el SII se enfoca en temas impositivos y no en la persecución de otros delitos. La falta de coordinación entre las entidades relevantes es un problema serio que debe ser resuelto.