Fuente: El Mostrador
En relación con la diversidad sexual y de género, Chile ha experimentado notables cambios culturales en las últimas décadas. A velocidades diferentes y no siempre en una sola dirección, las identidades homosexuales, bisexuales, trans y no binarias, por nombrar algunas, adquieren visibilidad, reconocimiento legal o espacio en la cultura, aunque siempre rodeadas de un halo de resistencia.
Un ejemplo concreto de esto es la ambivalencia que existe respecto a la homosexualidad en el país: aun cuando el matrimonio igualitario existe, persiste el temor a que personas homosexuales oficien como educadores o como padres o madres. Se puede ser y no ser al mismo tiempo una persona no heterosexual.
Sin duda esta ambivalencia se traslada al espacio escolar. En los últimos años una serie de normativas han buscado asegurar el derecho a la educación de estudiantes LGBTI+: la circular 0821 de la Superintendencia de Educación del año 2021 o las Orientaciones para la inclusión de estudiantes LGBTI+ del Ministerio de Educación del año 2023, son solo un ejemplo de ellas.
La premisa es simple: si se evitan las violencias fundadas en la orientación sexual, identidad o expresión de género, se aseguran las condiciones mínimas para que estas personas puedan desarrollar un proceso educativo en igualdad de circunstancias.
Pero, ciertamente, las violencias no afectan solo al estudiantado, pues en las comunidades escolares también hay personas adultas que entienden su vida desde un canon distinto a la heterosexualidad o la identidad cisgénero y que permanecen relativamente invisibles. ¿Cómo participan entonces ellas de estas iniciativas de inclusión?