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Carlos Díaz: “La dotación y distribución de Carabineros debe ser un proceso transparente, equitativo y eficiente”

“Existen zonas donde los vecinos tienen menor capacidad para gastar en seguridad y, por lo tanto, necesitan una mayor compensación pública para alcanzar los mismos niveles de prevención que en otras zonas (volvemos a una pregunta similar a la del párrafo anterior, ¿cuál sería un nivel razonable de prevención?). Desde una perspectiva de equidad (y también de eficiencia), es crucial entender cómo se complementan los gastos públicos con los esfuerzos privados”, escribe el académico Carlos Díaz, de la Facultad de Economía y Negocios UAH.

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Fuente: El Mostrador

Señor director:

En la academia existe consenso acerca de que, en general, los delincuentes responden mejor ante medidas que aumentan la probabilidad de aprehensión y castigo, que ante aumentos en las penas. En este sentido, resulta totalmente relevante la discusión sobre la cantidad y distribución óptima de los servicios policiales que ofrece Carabineros. Sin embargo, no basta con incrementar dotaciones.

Este proceso debe, entre otras cosas, estar acompañado de mejores mecanismos de asignación de tareas. Por ejemplo, se puede aumentar la presencia en el terreno y mejorar la distribución de los servicios policiales, simplemente reduciendo la cantidad y el tipo de tarea que los carabineros realizan dentro del cuartel. Entiendo que este es uno de los objetivos centrales de la Reforma de Carabineros y, más concretamente, del plan operativo que el Ministerio del Interior aprobó en el mes mayo. Si bien es razonable y oportuna la Reforma, me gustaría hacer un par de reflexiones en términos de asignación de recursos públicos.

Como en cualquier proceso de asignación de gasto público, es importante dar una buena discusión en términos de eficiencia y equidad. En primer lugar, es muy importante establecer objetivos razonables para evaluar adecuadamente esta política. Específicamente, ¿qué niveles de inseguridad estamos dispuestos a aceptar en Chile? Es posible que los niveles de inseguridad con los que debamos convivir (incluso cuando Carabineros realice correctamente su tarea) sean diferentes a los de hace una década.

Esta es una pregunta incómoda, pero aumentar y reasignar la dotación de Carabineros implica desviar recursos que la sociedad podría destinar a, por ejemplo, salud o educación. Si no tenemos claro el objetivo y las posibilidades reales de una política de seguridad de este tipo, seguramente acabemos por comprometer la asignación eficiente de recursos policiales.Carlos Díaz, académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH.

Esta es una decisión política que debe responder a las preferencias y las posibilidades de las chilenas y los chilenos, pero que debe realizarse con la mayor transparencia. Sin objetivos claros, difícilmente se logre una adecuada evaluación y rendición de cuentas.

En segundo lugar, toda reasignación de recursos requiere de una discusión sustantiva en términos de equidad y justicia. Varios alcaldes y alcaldesas solicitan mayor dotación de Carabineros, comparando sus propias necesidades de seguridad con las de otras comunas. Aquí se ponen varios factores sobre la mesa. Por ejemplo, la movilidad urbana es un determinante clave. Una comuna puede tener relativamente pocos residentes, pero una alta población flotante.

Sin embargo, un aspecto que raramente se menciona en el debate público es el gasto privado en seguridad. Existen zonas donde los vecinos tienen menor capacidad para gastar en seguridad y, por lo tanto, necesitan una mayor compensación pública para alcanzar los mismos niveles de prevención que en otras zonas (volvemos a una pregunta similar a la del párrafo anterior, ¿cuál sería un nivel razonable de prevención?). Desde una perspectiva de equidad (y también de eficiencia), es crucial entender cómo se complementan los gastos públicos con los esfuerzos privados.

Mejorar la dotación y distribución de Carabineros debe ser un proceso transparente, equitativo y eficiente, con objetivos claros que permitan una adecuada rendición de cuentas y una distribución justa de los recursos.

Por Carlos Díaz, académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH.

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