Fuente: El Mercurio
Si bien, pueden surgir diversas reflexiones sobre las motivaciones o estrategias tras la entrega de supuestos miembros del Tren de Aragua, en el caso del tribunal de Los Vilos, la reflexión puede ir más allá del caso en sí, donde probablemente se centrará la mayor atención mediática. Por ello, es crucial reflexionar sobre el funcionamiento del sistema procesal y prever posibles obstáculos en la investigación y persecución ante manifestaciones delictivas cada vez más complejas en su planificación y connotación.
Sobre la entrega de miembros del Tren de Aragua: “Pudo haberse llevado a cabo con mayor diligencia”. —Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Derecho UAH.
El proceso incluye la imputación de varios delitos, entre ellos secuestro (en carácter de reiterado) y extorsión. La gravedad de estos delitos -en base a la sanción que conllevan- permite la solicitud de una medida cautelar de prisión preventiva. Lamentablemente en este caso, la justificación de las cautelares estuvo mal fundamentada, lo que fue clave para que el Tribunal de Garantía de Los Vilos revocara la prisión preventiva de los imputados. Sin embargo, la normativa procesal permite al Ministerio Público apelar verbalmente, lo que habría permitido mantener la prisión preventiva hasta una resolución de la corte.
Aunque el foco de atención se ha puesto en el abogado asistente, este representó a uno de los intervinientes: el Ministerio Público. Tras la intervención de la jueza, quien ofició al Ministerio Público al considerar que el abogado no conocía los antecedentes de la causa, se abrió una investigación administrativa desde Fiscalía. Es correcto que se haga, ya que el proceso pudo haberse llevado a cabo con mayor diligencia.
Por Carlos Guajardo García, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.