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Rafael Romero: ¿Es razonable que jubilados u hogares de escasos recursos financien la Ed. Superior?

Rafael Romero, director del Departamento de Gestión y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios, escribió acerca de las dificultades de la condonación del CAE para El Mostrador.

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Fuente: El Mostrador

¿Por qué no se ha resuelto aún el conflicto con el CAE? La principal razón radica en la escasez de recursos económicos. Realizar una condonación universal del CAE requeriría aproximadamente USD 11.270 millones, equivalentes al 3,7% del PIB, una cifra difícil de financiar. Pienso que hay mediado consenso en que esa cifra es imposible de financiar. Para ponerlo en perspectiva, la construcción del nuevo Hospital Félix Bulnes costó USD 250 millones, lo que implica que condonar el CAE sería equivalente a dejar de construir 45 hospitales de ese tamaño.

La cuestión fundamental es decidir como sociedad qué preferimos: ¿45 nuevos hospitales o la condonación universal del CAE? Aunque para algunos estudiantes la deuda acumulada hizo muy difícil su pago, la definición de un porcentaje justo de los ingresos para el pago del crédito es una decisión política. Algunos abogan por la gratuidad universal, lo que implicaría cambiar el 10% por un 0%, es decir, una condonación universal.

Cualquier límite, ya sea del 10% o del 0%, requiere financiamiento de los fondos generales de la nación, parte de los cuales provendrán del IVA, que representa alrededor del 50% de la recaudación fiscal. Por lo tanto, es difícil imaginar una condonación universal del CAE. En caso de una condonación parcial, el financiamiento probablemente provendría del royalty a la minería, de impuestos a las empresas y del impuesto a la renta de las personas.

Hay que recordar que el IVA lo pagan todos los habitantes del país, con y sin estudios universitarios, jubilados y activos, cesantes y con trabajo. ¿Es razonable que los jubilados o los hogares de escasos recursos financien la educación superior de los estudiantes? Estos temas los tendrá que resolver el Congreso, considerando las restricciones presupuestarias y los juicios éticos sobre quiénes deben ser los beneficiados y los perjudicados.

Por Rafael Romero, director Depto. Gestión y Negocios, Facultad de Economía y Negocios.

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