Fuente: El Mercurio de Valparaíso
Si tomamos como fecha de corte en la deuda total arrastrada de CAE, corresponde a 11.270 millones de dólares a mediados de 2023, eso es lo que cuesta financiar una condonación total. Por supuesto que son distintos los escenarios si la condonación fuera total o parcial. En el primer caso, si la medida fuera universal, abarcando cerca del millón 100 mil personas y fracción, eso costaría aprox. 11.270 millones de dólares, que corresponden a un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, de todos los bienes y servicios finales que produce la economía.
Si la condonación beneficiara a quienes tengan una deuda que supere el valor inicial del crédito, eso ascendería a las 522.000 personas, aprox. En ese escenario, el costo fiscal sería aproximadamente 5.100 millones de dólares, que corresponderían al 1,7% del PIB. Si la política aún fuera más focalizada y solo se concentrara en quienes tienen algún saldo remanente previo a 2012, el monto a financiar corresponde a un 1,4% del PIB.
Si queremos beneficiar a quienes tienen garantía ejecutada, eso costaría al Estado unos 3.200 millones de dólares, que corresponden a 1,1% del PIB. Y por último están quienes tienen deudas, pero que además desertaron de sus estudios. Ahí los beneficiados serían 180.000 personas, aprox., y el costo de financiar la condonación sería 1.240 millones de dólares, que correspondería a un 0,4% del PIB.
En cualquier escenario tendría un alto costo y los beneficiados serían muy pocos, aun cuando se cuestione para quienes no tienen acceso a gratuidad y la política de préstamo y el CAE sea asimilado al crédito fiscal, que ha sido exitoso durante bastantes años. Y por último, hay razones de equidad: si condonamos a quienes tienen deudas, hayan desertado de sus estudios o no, perjudicamos a quienes ya pagaron
Si comparamos el gasto versus otros gastos, la condonación universal equivaldría, por ejemplo, a 27 veces el presupuesto para sala cuna universal o al 40% del presupuesto que se asigna al Plan de Reactivación Educativa, que fue de 288 millones de dólares para 2023.
El gasto público tiene un costo alternativo, y es a lo que se renuncia por gastar en un determinado ítem. A todo lo que renunciamos por financiar la condonación total del CAE representa, en varias veces, la cantidad del presupuesto asignado a programas que parecen de calidad estratégica. Ahora, el escenario de pago de las 818.000 personas, aprox., que están en la etapa de pago, 46% está al día y 54% en mora, es decir, casi mitad y mitad.
La tendencia ha ido cambiando. En 2015 se apuntaba a una caída de los morosos; en 2016 empezó a crecer; luego de las protestas estudiantiles y del estallido social de 2019, el 2022 superó el porcentaje de beneficiarios al día. Entonces al 31 de diciembre de 2022, en promedio, los beneficiarios con un cuadro de pago activo pagan 52.333 pesos, y un 47% con cuadro activo paga una cuota mensual promedio de $19.744. Para quienes solicitaron el crédito después de 2012, la cuota es en función del ingreso, no puede superar el 10% de éste y con una tasa de interés de 2% calculado al valor de la UF, que es la misma del crédito fiscal.
Para amortiguar deudas de quienes no pueden pagar, por ejemplo, los que están cesantes, el Estado desembolsó, en 2022, 77 millones de dólares, entonces la política pública sin condonación ya tiene costo. Luego, si analizamos quién se beneficia de que la sociedad tenga una mayor cantidad de personas con estudios superiores, según la encuesta Casen 2022, el sueldo promedio de las personas con educación profesional completa es de 1.210.114 pesos, por lo tanto, esas personas se situarían en el percentil 80 de los ingresos laborales, es decir, en el grupo de los que más ganan.
Quienes pueden estudiar y concluir una carrera profesional terminan ganando entre 5 a 6 veces lo que ganaría una persona que no estudió, por lo que parece de alguna forma injusto que el presupuesto fiscal que aportamos todos los chilenos y que se puede destinar a X cantidad de políticas públicas alternativas se gaste en cancelar una deuda impaga.
Por Nicolás Barrientos, académico de la Facultad de Economía y Negocios.