Fuente: El Desconcierto
El 28 de abril se celebró el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y si bien han habido importantes avances en nuestro país a nivel de políticas públicas en esta materia, tales como la implementación de un programa de vigilancia de riesgo psicosocial, que nos ha posicionado en la delantera en este tema a nivel latinoamericano, y nuestras cifras de accidentalidad desde hace varios años son menores al 4% -un aspecto ampliamente celebrado por los organismos administradores de la ley del seguro y prevención de accidentes- poco se habla sobre las enfermedades laborales.
Esto dado que, por un lado, su cuantificación se basa en un sistema bastante menos claro y más engorroso que el de los accidentes -puesto que tienden a incorporarse y diluirse en la tasa de siniestralidad para calcular la cotización adicional- y por otro, su calificación está sujeta a diversos obstáculos que el sistema impone, que constituyen un elefante en la habitación del que creemos es importante hablar en esta importante fecha.
La apertura a los mercados internacionales, las desregulaciones, la deslocalización de la producción y la desindustrialización del país no sólo transformaron a Chile en una economía de servicios sino que, también, en una economía de riesgos psicosociales y enfermedades del trabajo. Durante las últimas cinco décadas hemos transitado desde una era de riesgos industriales -físicos, químicos, biológicos- y accidentes del trabajo, hacia una era de riesgos psicosociales y enfermedades laborales, donde predominan las de tipo mental.
A pesar de las cifras auspiciosas a nivel de accidentes laborales que ostenta nuestro país, no es correcto decir que fue la prevención de riesgos y el sistema mutual quiénes redujeron sustancialmente los riesgos industriales sino que, más bien, fueron los mismos cambios económicos, políticos y sociales acaecidos en Chile a partir del proceso de neoliberalización y desindustrialización.
Para ser precisos, los riesgos psicosociales y las enfermedades del trabajo comienzan a surgir predominantemente en 1980, con el fin del modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones y su reemplazo por el modelo económico Neoliberal, que trajo consigo por un lado la expansión del sector servicios y por ende un cambio en la naturaleza de las tareas que se realizan masivamente en el trabajo, y por otro un aumento en la precarización e inseguridad laboral.
En Chile contamos con un seguro que da cobertura a las enfermedades profesionales, sin embargo, tan sólo aproximadamente un 3,3% de quienes sufren una enfermedad del trabajo reciben las prestaciones médicas y económicas previstas por la Ley 16.744.
Esto se debe a que, enquistado en un sistema de conflictos de intereses, los costos de las enfermedades laborales se traspasan casi en un 97% al sistema de salud común e indirectamente al propio trabajador y trabajadora, mediante copagos y alzas en sus planes. Y esta afectación indirecta al bolsillo de los(as) trabajadores(as) se explica principalmente por dos fenómenos: (a) las subdenuncias y (b) las subcalificaciones.
¿Cómo y por qué se dan estas subdenuncias y subcalificaciones a nivel de enfermedades laborales? En este punto es importante considerar que son las mismas Mutuales las que califican, en un rol de ‘juez y parte’, estas enfermedades, un aspecto controvertido pero que durante años ha pasado desapercibido, al menos para todos quiénes no han debido pasar por un proceso como éste para recibir las prestaciones médicas y económicas que contempla la ley.