Fuente: CIPER
Ha sido noticia en estas últimas semanas lo que en medios de comunicación se ha identificado como “la quiebra” de WOM, empresa de telecomunicaciones fundada en 2015 y que llegó a convertirse en la tercera mayor participación de mercado de nuestro país, solo detrás de Movistar de Telefónica y Entel SA, con más de ocho millones de clientes. WOM-Chile enfrentó una serie de incumplimientos y el fracaso de sus intentos de refinanciar una deuda de US$348 millones que vencía en noviembre pasado. En consecuencia, la compañía decidió acogerse a una reorganización judicial, bajo el capítulo 11 de Estados Unidos, que le permitirá reestructurar pasivos por US$1.630 millones. Bajo esta legislación, se congelan momentáneamente las acciones de cobranza hacia WOM en Estados Unidos y la empresa mantiene el control de la gestión.
Más allá de las decisiones estratégicas de esta compañía en particular, su caso nos permite reflexionar sobre dos de los múltiples desafíos que enfrentan las legislaciones de insolvencia. El primero es cómo entregar financiamiento a la empresa para permitir que implemente su plan de reestructuración. En este caso, como parte del proceso, la empresa obtuvo un acuerdo de financiamiento Deudor en Posesión (Debtor In Possession, DIP, por su sigla en inglés) por US$200 millones —proporcionado por JPMorgan— que le permitirá mantener sus operaciones. Se espera que estos recursos ayuden a cumplir con las deudas y compromisos de proyectos adquiridos en Chile.
Ahora bien, ¿por qué una compañía que está en quiebra puede obtener más financiamiento? ¿Por qué un banco o un acreedor podría estar dispuesto a financiar a una empresa que ha llegado a esta situación? Prestarle dinero a una empresa en quiebra es contraintuitivo. Es muy riesgoso. Por ello, la legislación estadounidense entrega incentivos a los financistas DIP. Estos acreedores tienen preferencia de pago respecto a los demás acreedores. Si el proceso de reorganización fracasa y la empresa es liquidada, los financistas DIP tienen prioridad respecto a los activos. —Víctor Muñoz, académico de la Facultad de Economía y Negocios.
Por otra parte, para proteger a los acreedores originales, el financiamiento DIP es supervisado por el tribunal de quiebras, el cual aprueba las condiciones del financiamiento, las tasas de interés y las condiciones de pago. Además, el tribunal exige que la administración entregue información periódica del avance del proceso de reestructuración, a fin de mantener la transparencia y entregar confianza a las partes involucradas.