Fuente: Bio Bio
La migración es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de 1948. En su artículo 13 refiere a que toda persona tiene el derecho a “circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” (ONU, 1948, art.13, inc.1) y además señala que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país” (ONU, 1948, art.13, inc.2).
En el caso de Chile, en las últimas décadas, se ha provocado una migración sur-sur con el arribo de personas que, por diversas razones debieron salir de su país, alcanzando la cifra de 1,4 millones de migrantes a diciembre de 2021 (Carrasco, 2022). Las razones principales refieren a buscar nuevas oportunidades laborales y económicas; refugio por situaciones políticas donde está en riesgo la vida; situaciones de lesa humanidad; cuestiones académicas, entre otras.
La pregunta que ha surgido en estos últimos tiempos, sobre todo en este contexto de pandemia, es si el Estado de Chile ha sido o no negligente en cuanto a esta migración masiva, no planificada e irregular; situación que se observa en diversas ciudades del país y también a través de los medios de comunicación: peregrinajes en zonas y pasos no habilitados, personas que deben sortear diversos peligros donde la gran mayoría de las veces son guiados por coyotes y grupos organizados que, desde la ilegalidad, cobran grandes montos de dinero para ingresar personas a Chile con el discurso de que acá encontrarán las condiciones suficientes para recomenzar junto a su familia, en un país que aparece como seguro, estable económicamente y que representa los Estados Unidos de Latinoamérica.
Sin embargo, somos testigos de que las personas que ingresan en esas condiciones de subsistencia utilizan los cordones periféricos de las ciudades, se agrupan en guetos y son reclutadas por bandas de narcotraficantes; otros experimentan la trata de personas o la esclavitud; ejercen el comercio ambulante; o viven en condiciones miserables en la calle a riesgo de enfermarse o morir. Lo anterior se materializa en la pugna por el espacio público, generando conflictos, roces y disputas, cuestión que se maximiza en momentos de crisis. Cabe mencionar que la crisis económica producto de la pandemia elevó por primera vez en 20 años la pobreza en Chile a un 10,8%, lo que implica que más de dos millones de personas en Chile están bajo la línea de la pobreza, es decir, no logran satisfacer sus necesidades mínimas; lamentablemente, esta tendencia es difícil que se revierta porque se agrega el factor de la inflación (Alonso, 2022).
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