Los acontecimientos de los últimos días han pillado por sorpresa al Gobierno y gran parte de la sociedad chilena. El malestar acumulado durante muchos años es claro, pero hay factores que son propios del accionar del Gobierno de sus casi dos años al mando. Ha instalado un tono confrontacional y descalificador con aquellos que están en desacuerdo con sus propuestas. Desde los “patipelados” hasta los antipatriotas, el Gobierno ha mostrado un déficit importante en su capacidad de comprender el tiempo político.
Durante los últimos meses, y en reiteradas ocasiones, el gobierno ha “llamado al orden” a la oposición recordándole que la ciudadanía eligió a Piñera y la coalición de centro derecha para que condujera los destinos del país hasta marzo de 2022. Esto como argumento para reforzar el derecho que tiene el ejecutivo de impulsar su agenda legislativa anclada en el programa de gobierno votado mayoritariamente por la ciudadanía. Habría que partir señalando que en el marco de un régimen presidencialista es claro que el Ejecutivo dispone de un conjunto de recursos institucionales que le permiten desplegar más eficientemente sus propuestas. No por casualidad se sostiene que tiene un rol colegislador. Derecho de veto, facultades reglamentarias, control de las urgencias legislativas son algunas de esas facultades sin contar con los presupuestarios y sobre la disciplina partidista que sirve para alinear a propios y ajenos.
Alguien podría cuestionar este derecho afirmando que el Gobierno fue elegido -preferido, sería más preciso- por solo el 26,46% de la ciudadanía considerando que en las últimas elecciones participó menos de la mitad del universo habilitado para votar. En limpio, se dirá, el presidente Piñera fue respaldado por una minoría de los chilenos y chilenas. Será el foco de otra reflexión pero, más allá de la impostergable de analizar la desafección política y el impacto que esto tiene en la calidad del régimen democrático, lo cierto es que el gobierno logró la mayoría (57,1% en la segunda vuelta) de los votos válidamente emitidos.
Pero dicho esto, no es un dato menor recordar que el gobierno no logró es misma mayoría en el congreso. En ambas cámaras la mayoría la tiene la oposición. Es una oposición que no ha logrado alinearse prolijamente frente a los proyectos propuestos. Pero no es un dato menor. El que el gobierno esté en minoría en ambas cámaras debiera ser leído atentamente por el gobierno que no solo tiene muchos recursos para influir en la agenda legislativa sino la responsabilidad de liderar ese proceso tratando de abrir espacios de diálogo con la oposición.
No parece ser ese el ánimo del Gobierno. Parece primar una lectura que interpreta el triunfo electoral de la coalición de centro derecha como un giro más cultural de la sociedad chilena hace propuestas de ese signo político. Eso podría ser un error ya que por un lado, están los resultados de la elecciones legislativas que dan cuenta de una mayoría favorable a la introducción de cambios más profundos en nuestro modelo de desarrollo social; por el otro, las acciones y demandas de los movimientos sociales que han hecho evidentes los cuestionamientos al sistema previsional y el rol central de las AFP y las Isapres por destacar dos focos relevantes.
Eso es lo que ha animado los intentos de desarmar las reformas impulsadas por el Gobierno de Bachelet, lo cual constituye un segundo error.
Dos ejemplos contribuyen a sostener este enfoque. En primer lugar, la reforma tributaria. El gobierno propone avanzar en la reintegración, medida que beneficia a las personas de más altos ingresos de nuestra sociedad justificando que ello sería un importante impulso para el crecimiento de la economía. Para compensar, al menos en parte la merma de ingresos que aquella medida genera, propone gravar con IVA los servicios digitales de streaming. Más allá de la justicia que esto implica desde el punto de vista de la potencial competencia desleal con servicios que no se comercializan de dicha manera, los cierto es que termina “cargándole la mano” a los mismos de siempre haciendo aún más regresivo nuestro sistema tributario. El gobierno logró, en la comisión de la cámara de Diputados- la aprobación de la idea de legislar. Pero la oposición dejó claro que se oponía a la reintegración tributaria. Con ello se pone en riesgo el futuro de la reforma.
En segundo lugar está el proyecto de “admisión justa” que busca modificar el esquema de selección implementado por el gobierno anterior. La ministra Cubillos ha desplegado importantes esfuerzos para intentar convencer a la oposición de las bondades de la iniciativa sin mucho éxito. La ministra ha señalado: “Tenemos la convicción de que es justo impulsarlo, porque eliminar el mérito académico como criterio en la admisión escolar produce una injusticia muy grande para muchos estudiantes. Si la Cámara rechaza el proyecto Admisión Justa, lo volveremos a presentar en un año más, porque esto es parte de nuestro programa de gobierno”. Es decir, en lugar de analizar el rechazo de la oposición como una señal que requiere repensar el proyecto o directamente sacarlo de la agenda, la ministra declara que volverán a presentarlo.
Es imposible ponderar cuánto contribuyeron estos elementos a la crisis de estos días pero parece difícil dejar de ver un nexo entre la expresión del malestar ciudadano y las decisiones de un gobierno que ha dado sobradas muestras de escuchar poco y comprender mal. Para muestra un botón: la vocera declarando que las críticas al accionar del gobierno eran fruto de la ignorancia o de la mala intención.
Carlos Fabián Pressacco, académico Departamento de Política y Gobierno Facultad de Ciencias Sociales
Publicado en https://www.eldinamo.cl/blog/un-gobierno-tozudo/